Palabras de Carlos Jornet en la apertura de las sesiones sobre Libertad de Prensa

Lo vimos en Perú, un país que vive un proceso de marcado deterioro institucional.

Lo percibimos también en Costa Rica, una nación que era considerada un faro para la democracia en la región.

¿Y qué decir de Estados Unidos, donde la llegada nuevamente al poder de Donald Trump muestra ya señales claras de que este busca intensificar su confrontación con la prensa? Eso está teniendo ya un pernicioso efecto contagio sobre líderes autocráticos del resto del continente, que se sienten avalados para rehusar información, para denostar a sus críticos, para criminalizarlos, para intentar imponer relatos únicos.

Y entonces nos preguntamos: si el periodismo está condenado a la extinción, ¿por qué esos ataques, ese encono, esa violencia verbal? La respuesta es simple: porque el periodismo profesional incomoda al poder. Al poder político, al económico y también al crimen organizado y las mafias que corroen las instituciones.

Las redes comunican, facilitan la interacción. Pero el periodismo es el que investiga, verifica, cuestiona, denuncia irregularidades, da espacio a voces alternativas.

Es cierto que los avances tecnológicos promueven nuevas plataformas informativas. Y las redes son una herramienta poderosa para difundir mensajes y generar interacción. Pero muchas veces son cámaras de eco que extreman creencias y refuerzan sesgos ideológicos.

Son asimismo espacios para propagar desinformación, para viralizar contenidos manipulados con la intención de confundir, de dañar, de interferir procesos electorales.

Con inteligencia artificial, Andrea Colamedici hasta creó a comienzos de este año a un falso filósofo hongkonés, Jianwei Xun, a quien le atribuyó un libro llamado “Hipnocracia”.

El texto primero deslumbró al mundo y luego abrió una inmensa polémica intelectual y también moral. Paradójicamente, allí se plantea que en la era de la posverdad y la inteligencia artificial, el poder ya no opera mediante la represión, sino manipulando la percepción de la realidad.

Giuliano da Empoli, en su libro “Los ingenieros del caos”, dice muy bien que los gurúes políticos “reinventaron una propaganda adaptada a las redes sociales, y al hacerlo, transformaron la naturaleza misma del juego democrático”.

Dice, además, que los nuevos populismos, de izquierda y de derecha, exponen a los periodistas que los cuestionan a una “tormenta de insultos”, ya que la misión de aquellos es exacerbar pasiones extremas.

Da Empoli cita un estudio del MIT según el cual la información falsa tiene en promedio 70% más probabilidades de ser compartida porque en general es más peculiar, más curiosa, que una verdadera. Con el agravante de que en redes sociales no hay editores responsables para verificar datos y hacerse cargo de potenciales errores.

¿Hace falta recordar que este año, luego del cambio de gobierno en Estados Unidos, Meta desactivó su programa de verificación de contenidos? Justo ahora, cuando el uso indebido de la inteligencia artificial hace que debamos dudar de todo.

¿Hace falta recordar que el principal aliado de Trump es quien controla X? ¿Que una orden ejecutiva del presidente Trump fija un plazo para que la empresa matriz china de Tik Tok venda sus operaciones en Estados Unidos?

En este entorno, el periodismo profesional es cada vez más necesario, incluso en las propias redes sociales. No renegando de los avances tecnológicos sino integrándolos en sus procesos editoriales para reportar e investigar más y mejor.

Hoy, más que nunca, debemos defender las libertades de expresión y de prensa y la existencia de medios periodísticos confiables, sustentables, que cumplan su misión cívica de informar y controlar a los poderes. Porque sin periodismo libre, la democracia se seguirá debilitando y habrá más autoritarismo en el continente.

Ese convencimiento es el que nos lleva a enviar misiones a países en riesgo; a pronunciarnos cuando detectamos amenazas o ataques; a elaborar nuestro Índice Chapultepec, que mide la libertad de prensa en el continente; a trazar –como lo haremos hoy– nuestros diagnósticos semestrales sobre el estado del derecho a informar e informarse en la región.

Este será mi último informe como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. En octubre pasado me distinguieron como vicepresidente segundo de la SIP, y con la colaboración de nuestro director ejecutivo, Carlos Lauría, nos abocamos a buscar un relevo.

Tras acordarlo con el presidente Dutriz, definimos que a comienzos de mayo dejaré el cargo en manos de una entusiasta y muy trabajadora colega, que no dudo será una excelente continuadora de la labor que venimos desarrollando desde 2020.

Me refiero a Martha Ramos, directora editorial de Organización Editorial Mexicana, quien concluye en breve su mandato como presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA y aceptó gustosamente este nuevo desafío, que sin duda honrará.

Descuenta, Martha, que contarás con todo mi apoyo, así como con el de todo el staff de la SIP, que tanto facilitan la intensa tarea que implica esta Comisión. Por supuesto, seguiré bregando por la libertad de prensa desde mis nuevas funciones.

Pasemos pues a un resumen del escenario, que luego veremos en detalle. En este semestre, ha persistido un preocupante clima de hostilidad hacia la prensa, que deriva en violencia creciente; en algunos casos desde el propio poder político; en otros, procedente de grupos criminales, y cada vez con mayor frecuencia, en manifestaciones callejeras.

Este último fenómeno refleja un entorno social complejo, pero esas agresiones en protestas ciudadanas son muchas veces alentadas por discursos estigmatizantes desde la cima del poder político.

No sorprende, por ello, que la mayor cantidad de amenazas y ataques se produzcan en países donde se multiplican las denuncias por acosos en líneas y estigmatizaciones proferidas por políticos.

Los hechos más preocupantes son los 10 asesinatos de periodistas registrados en el semestre. México sigue siendo el país con mayor cantidad de reporteros caídos en funciones, con cuatro muertes desde octubre último. Con dos asesinatos, le sigue Haití, territorio estragado por una violencia política y social sin límites.

También se contabilizan sendos asesinatos en Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. Y hay periodistas desaparecidos en Guatemala, Haití, México y Nicaragua.

Otro síntoma de la persecución política es el aumento de los casos de exilio: uno en Ecuador, otro en El Salvador y un número difícil de cuantificar en Nicaragua, Cuba y Haití. “El exilio –dijo un periodista de Puerto Príncipe que emigró por razones políticas– es una de las experiencias más violentas que alguien puede vivir”. Los regímenes de La Habana, Managua y Caracas además deportan a periodistas críticos o prohíben salir del país a disidentes o sus familiares.

Ese es el motivo de que la SIP, como comentó ayer nuestro presidente Dutriz, pusiera en marcha la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX) y trabajara en colaboración con otras organizaciones lideradas por DW Akademie en el lanzamiento de un sitio web, periodismolibre.org, destinado a ofrecer información e insumos a periodistas y medios obligados al desplazamiento forzado.

El cierre de Voz de América y el corte de fondos de ayuda a países en desarrollo no hace más que agravar la situación de periodistas desplazados.

En algunos casos, redacciones enteras deben reubicarse fronteras afuera de su país. Pero la actitud para sobreponerse al infortunio es destacable: “Nuestra rotativa está en silencio, pero nuestro periodismo ¡suena alto y claro!”, proclama La Prensa, de Nicaragua, casi cuatro años después de su cierre definitivo por persecución del orteguismo.

Numerosas amenazas y agresiones se registraron en Ecuador durante el complejo proceso electoral, así como en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Y por el accionar estatal o por ataques de manifestantes hubo colegas heridos en Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Haití, Venezuela.

Además, hay comunicadores presos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un caso paradigmático es el de quien era vicepresidente por Guatemala de la comisión a mi cargo, José Rubén Zamora, quien estuvo detenido más de 800 días entre julio de 2022 y octubre de 2024, para pasar luego a prisión domiciliaria. Pero cuatro meses después debió volver a la cárcel por una arbitraria decisión judicial.

Ratificamos nuestra solidaridad con el querido “Chepe”, de quien esperábamos que pudiera sumarse a esta reunión. Renovemos nuestras esperanzas de tenerlo en la Asamblea de octubre y que no sólo esté ya en libertad definitiva, sino que concluya para siempre la persecución que soporta por haber denunciado al poder.

Una frase de José Rubén resume su entereza: “Prefiero vivir de pie en la cárcel que arrodillado aceptando delitos que jamás cometí”.

Su padecimiento es una muestra extrema de acoso judicial, pero los casos se multiplican en Perú, donde no sólo no se descriminalizan las demandas por difamación, sino que una ley reciente aumentó las penas.

Panamá marca récords por millonarios reclamos a medios y periodistas, pero también se registran causas abusivas o acoso policial o judicial en Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay y Venezuela. El objetivo es la asfixia financiera de quienes investigan y denuncian.

En Bolivia, Venezuela y Ecuador también cerraron medios por presiones políticas o económicas, y los desiertos informativos se extienden en Canadá.

La violencia verbal más extendida contra la prensa se traduce en la estigmatización que se despliega desde la cima del poder político en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

A esto se suma la denigración a través de redes sociales en países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador y Perú. Es decir, estigmatizar al periodismo es habitual en más de la mitad de los 14 países que relevamos.

La discriminación en la asignación de publicidad oficial afecta a medios colombianos, costarricenses y argentinos. Y las restricciones a la información y las trabas al trabajo periodístico son habituales en Argentina, Canadá, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Paraguay y República Dominicana.

Un hecho preocupante de la administración Trump es la expulsión de la agencia Associated Press del grupo de prensa de la Casa Blanca, medida presidencial que se sostiene pese a un fallo judicial favorable a la AP. Más tarde escucharemos a la editora ejecutiva y vicepresidenta senior de la agencia, Julie Pace.

Los ataques digitales se acentúan, con particular intensidad contra mujeres periodistas, además de bloqueos a sitios informativos, como la decisión de la dictadura nicaragüense contra dominios .ni, y acciones similares en Cuba, Ecuador y Venezuela.

Como datos positivos, resaltamos la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil que estableció criterios objetivos sobre la responsabilidad y la eliminación de contenido en internet y la firma de la declaración de Chapultepec por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y la adhesión a ese documento y a la Declaración de Salta II por el titular de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Arias, la expresidenta de ese país Laura Chinchilla; los presidentes de los tres poderes del Estado panameño, José Mulino (por el Ejecutivo), Dana Castañeda (Asamblea Nacional) y Eugenia López Arias (Justicia), y en Perú, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

También destaco la reciente firma de un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado de Colombia para reparar a familiares del periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, asesinados en 1991.

Hoy, como hace 34 años, la embestida autoritaria debilita las instituciones y hace que la división de poderes se vuelva difusa. Pero no ha doblegado a periodistas y medios, que demuestran una valentía y una resiliencia admirables.

Muchos pagaron esa fortaleza con su vida; otros, con el exilio o el destierro; algunos, con el encarcelamiento arbitrario. Por todos ellos, asumimos el compromiso de no bajar los brazos. Porque si no luchamos contra la desinformación y la intolerancia, la desinformación y la intolerancia terminarán con el periodismo, con la democracia, con el bienestar de nuestras sociedades.

Sigamos trabajando para que nuestros medios sean espacios de debate y de construcción ciudadana, bastiones contra el autoritarismo, esperanza de libertad y progreso.