CONSIDERANDO que la libertad de prensa continúa sometida a un esquema de censura estructural y persecución sistemática, que ha provocado el exilio de más de 300 periodistas y trabajadores de medios desde 2018 y la casi desaparición del periodismo de campo y de los medios impresos dentro del país
CONSIDERANDO que la represión se ha desplazado hacia mecanismos de vigilancia policial, persecución digital, restricciones administrativas y judiciales, cancelación de dominios, cierre y confiscación de medios y equipos, campañas de difamación, doxxeo, amenazas e interrogatorios, incluso contra periodistas retirados, generando un efecto inhibitorio y favoreciendo la autocensura
CONSIDERANDO que las disposiciones legales y constitucionales vinculadas con la seguridad nacional, la soberanía y la estabilidad del Estado son utilizadas para restringir la libertad de expresión y criminalizar el ejercicio periodístico, mientras el acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los medios independientes
CONSIDERANDO que la comunicación oficial está centralizada, los medios estatales operan como instrumentos de propaganda y la distribución discrecional de la publicidad estatal excluye a medios independientes, en contravención del principio 7 de la Declaración de Chapultepec.
LA 82ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Exigir al Estado garantizar plenamente la libertad de prensa y expresión y cesar la persecución, vigilancia, intimidación y represalias contra periodistas, medios y sus familias, así como restablecer las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente dentro del país y garantizar el retorno seguro de los comunicadores exiliados
Demandar la restitución de dominios, frecuencias, equipos y demás bienes confiscados o afectados arbitrariamente a medios de comunicación; el cese de las medidas administrativas que impidan su funcionamiento; y la revisión y reforma de las disposiciones legales que permitan criminalizar el ejercicio periodístico
Instar a garantizar el acceso efectivo a la información pública y a las fuentes oficiales, así como criterios transparentes y objetivos para la distribución de la publicidad estatal, eliminando toda práctica discriminatoria contra los medios independientes.
