CONSIDERANDO que la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo son pilares de toda sociedad democrática, y que el asesinato de periodistas y comunicadores constituye una de las formas más graves de violencia contra la libertad de expresión
CONSIDERANDO que la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo son pilares de toda sociedad democrática, y que el asesinato de periodistas y comunicadores constituye una de las formas más graves de violencia contra la libertad de expresión
CONSIDERANDO que, desde la Reunión de Medio Año de la SIP, celebrada en abril de 2026, han sido asesinados, por aparentes razones relacionadas con su labor profesional, ocho periodistas y comunicadores en Colombia (2), Guatemala (2), Haití (1) y México (3), en contextos de violencia, amenazas, corrupción, crimen organizado y denuncias periodísticas sobre autoridades y actividades ilícitas
CONSIDERANDO que en Colombia fueron asesinados Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de mayo tras haber sido reportado desaparecido, y Cristian Herrera, periodista de La Opinión de Cúcuta y corresponsal de la FLIP en Norte de Santander; en Guatemala, Carlos Humberto Cal Ical, quien ejercía el periodismo a través de redes sociales, y Evelio Lisandro López Sánchez, director de la página de Facebook Huehue Es Noticias HNT2 y miembro activo de la Asociación de Prensa de Huehuetenango; y en México, Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista de El Zumbido del Moscardón; y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido que había denunciado amenazas tras publicar información y críticas sobre asuntos locales
CONSIDERANDO que en Haití el periodista y director de la radio comunitaria Ti Boukan FM, Joseph Willard Vancol, fue secuestrado el 20 de agosto durante un ataque de bandas en la comuna de Gressier, en Puerto Príncipe y que su cuerpo fue encontrado el 9 de septiembre
CONSIDERANDO que la impunidad en los crímenes contra periodistas fomenta nuevas agresiones, debilita el Estado de derecho y genera autocensura, y que la Declaración de Chapultepec establece, en su cuarto principio, que estos actos coartan severamente la libertad de expresión y de prensa y deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
LA 82ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Condenar enérgicamente los asesinatos de Mateo Pérez Rueda, Cristian Herrera, Carlos Humberto Cal Ical, Evelio Lisandro López Sánchez, Josué Martínez Contreras, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, Ricardo Zúñiga Rosas y Joseph Willard Vancol, y expresar solidaridad con sus familiares, colegas y comunidades periodísticas
Exhortar a las autoridades de Colombia, Guatemala, México y Haití a realizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y expeditas, determinar si los crímenes estuvieron relacionados con la labor periodística y llevar ante la justicia a todos los responsables materiales e intelectuales, considerando como línea prioritaria la actividad profesional de las víctimas
Instar a las autoridades a garantizar protección efectiva a periodistas y comunicadores amenazados o en situación de riesgo, y a adoptar medidas preventivas para evitar nuevos ataques.
Reiterar la obligación de los Estados de prevenir, investigar, sancionar y reparar las agresiones contra periodistas, y exhortar a los gobiernos de Colombia, Guatemala, México y Haití a informar públicamente sobre los avances de las investigaciones y evitar que estos crímenes permanezcan impunes.
