El Salvador

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Un grave retroceso a la libertad de prensa se experimentó en este período. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 191 del código penal de El Salvador que mantenía sin penalización de cárcel la calumnia, la injuria y la difamación, invalidando así la salvaguarda para los medios de comunicación y el periodismo. El 24 de septiembre pasado, esta Sala, conformada por cinco magistrados, declaró inconstitucional unos de los tres incisos del artículo 191. Uno de los magistrados, Néstor Castaneda, no firmó en disidencia con el resto de los jueces: Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime, actual presidente de la Corte. El artículo 191 sobre exclusión de delitos, establece que: “No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional, ni los conceptos desfavorables expresados por cualquier medio por particulares en el ejercicio del derecho de la Libertad de Expresión, siempre que en el modo de proceder no demuestren un propósito calumnioso, injurioso o de ataque a la intimidad o a la propia imagen de una persona. De igual manera, no son punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos por quienes ejerzan el periodismo mediante noticias, reportajes, investigaciones periodísticas, artículos, opiniones, editoriales, caricaturas y notas periodísticas en general, publicados en medios periodísticos escritos, radiales, televisivos e informáticos, en cumplimiento del deber de informar, en virtud del derecho de información o en ejercicio de su cargo o función. En cualquiera de las situaciones reguladas en los dos incisos anteriores, no incurrirán en ningún tipo de responsabilidad penal, los medios escritos, radiales, televisivos e informáticos en que se publiquen los juicios o conceptos antes expresados, ni los propietarios, directores, editores, gerentes del medio de comunicación social o encargados del programa en su caso.” La demanda fue interpuesta por un ciudadano que tuvo diferencias con un medio de comunicación, librando una demanda penal contra el director propietario y el editor en jefe, mientras que a la fecha mantiene un juicio civil en contra de los demandados. La sentencia tiene 43 páginas y ha generado incertidumbre para la prensa. En varios foros algunos jueces consideran que se ha vuelto a penalizar los delitos de difamación. La Comisión Especial por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró esta sentencia un retroceso para la libertad de prensa. El Congreso salvadoreño estudia una seria de posibles reformas al artículo 191 para poder exonerar de prisión no sólo a los periodistas, sino también a los ciudadanos en general. También se analizan reformas a otros artículos complementarios para poder ajustar la legislación y que haya ciertas flexibilidades para el periodismo. Además, se planteó que hubiese límites a las demandas civiles, ya que también se enfrentaba el peligro de costosas demandas por millones de dólares que podrían derivar en la estrangulación económica de los medios. El diario La Prensa Gráfica ha sido condenado en dos ocasiones por haber publicado las fotos de un delincuente menor de edad en los momentos en que asesinaba a cuchilladas a otro joven en plena vía pública. Una jueza de menores inició un expediente en contra del periódico argumentando la violación del derecho a la intimidad de este menor, pero sin considerar el derecho a información y condenó al medio. El caso pasó a un tribunal superior. Las juezas que incluso adelantaron opinión condenaron el periódico aplicando la Ley Penal Juvenil de forma extrema y literal, sin dejar espacio a otros argumentos. Las juezas emitieron su sentencia en contra pese a vicios administrativos cometidos por una jueza inferior que reconocieron, aunque no los consideraron graves. El presidente del periódico, José Roberto Dutriz, quien ha sido condenado, ha decidido apelar a instancias superiores e interpondrá una demanda contra la Cámara de Menores en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. En marzo pasado, luego de la publicación de las fotos, el Congreso analiza reformas para endurecer la Ley Penal Juvenil. Aumentó las penas de cárcel para menores hasta 15 años e hizo más flexible el margen de la publicación de las fotografías en el caso de delitos graves, aunque siempre deja el tema a discrecionalidad de los jueces. Sin embargo, diversas instituciones reclaman mayores cambios a esa ley.

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