Costa Rica

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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En este período, la prensa ha sufrido ataques de parte del poder político y económico, así como de la ciudadanía en general.

Varios medios de comunicación, como Diario Extra, CrHoy y El Guardian, son discriminados por un gobierno que no da declaraciones a sus periodistas, marginándolos en las conferencias de prensa y excluyéndolos de las listas de entrevistas que se gestionan desde la Casa Presidencial.

El presidente Carlos Alvarado, también periodista y a cuatro meses de haber asumido, en vez de facilitar las vías de diálogo ha limitado su contacto con los reporteros y restringido el acceso a las conferencias de prensa. Varios medios deben hacer preguntas vía correo electrónico, pero las respuestas rebasan el tiempo estimado por ley, que es de 10 días hábiles.

Diario Extra tuvo que recibir custodia de oficiales de la Fuerza Pública durante una marcha de protesta. Los manifestantes profirieron amenazas y dejaron pintas en sus paredes con frases como "machistas, amarillistas y que los cierren".

CRHoy ha recibido presiones por parte de varios de los involucrados/investigados en el caso del "cemento chino", un caso de corrupción que dejó a altos funcionarios de Estado despedidos y a empresarios y banqueros en la cárcel.

En la discusión del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el CRHoy ha sido amenazado directa e indirectamente por líderes sindicales y algunas empresas de que se le restringiría la pauta publicitaria si apoyaba la propuesta del gobierno.

En agosto, dos equipos periodísticos de Noticias Repretel y Extra TV del Grupo Extra fueron increpados por manifestantes feministas para que dejaran de grabar y transmitir una vigilia realizada en el centro de San José.

El 12 de setiembre el periodista Javier Córdoba del Semanario Universidad, y una fotógrafa del diario digital el MundoCR, fueron agredidos por agentes de policía durante una protesta estudiantil que comenzó en la calle y terminó en el recinto de la Universidad de Costa Rica, en San José.

Ese mismo día, grupos de manifestantes increparon al equipo de prensa de Canal 7, acusándolos de "prensa vendida" y obstaculizando sus labores en la Gran Marcha contra el Combo fiscal. Las agresiones continuaron por varios días.

El 14 de setiembre en las afueras de la Asamblea Legislativa, un grupo de trabajadores del sector público amenazó con golpear a varios periodistas que realizaban la transmisión de las protestas. La policía tuvo que resguardar a los medios en un perímetro especial para evitar ataques.

Al día siguiente, los estudiantes de la Universidad de Costa Rica salieron en una marcha hasta Casa Presidencial para protestar contra el abuso policial, y agredieron verbalmente a equipos periodísticos de Repretel Canal 6, al periodista Roy Solano y al camarógrafo, Carlos Cruz.

En la provincia de Limón, el periodista Hernán Barrantes, fue rodeado, empujado e increpado por huelguistas, mientras cubría bloqueos en la ruta 32 que lleva a los puertos más importantes del país. Varias personas intentaron despojar de su cámara al camarógrafo y le impidieron grabar. Situación similar vivieron equipos de Telenoticias de Canal 7 y CrHoy en otras áreas del país.

En temas legales, actualmente existen dos proyectos, la Ley de Libertad de Expresión y Prensa, número 20362 y la Ley de Acceso a la Información. En ambos casos hay límites al ejercicio profesional. En el caso de acceso a la información pública el proyecto reitera más de 30 normas en el ordenamiento jurídico nacional y fallos de la Sala Constitucional que respaldan el acceso.

Se discute la aprobación de una Reforma Fiscal por medio de la Ley 20580, sobre Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que exime del pago de Impuesto al Valor Agregado a la publicidad a las televisoras y radioemisoras, pero no a los medios impresos.

El texto incluye impuestos de valor agregado a "servicios de telecomunicaciones, de radio y de televisión, independientemente del medio o la plataforma tecnológica por medio del cual se preste dicho servicio", imponiendo mayores cargas impositivas y exonerando a grandes corporaciones como los son cooperativas y exportaciones.

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