Guatemala

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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La polarización está creciendo y haciéndose cada vez más intensa entre las personas y entidades que defienden la lucha contra la corrupción con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los que están en contra de la permanencia de dicha Comisión.

El presidente Jimmy Morales, su hijo y su hermano están siendo investigados por financiamiento electoral ilícito en el primer caso y por actos de corrupción en los otros. Esto causó una lucha de parte del Presidente en contra del Comisionado Iván Velásquez, a quien finalmente se le prohibió el ingreso al país a pesar de tener una orden expresa de la Corte de Constitucionalidad de no hacerlo.

El Presidente ha girado instrucciones de no acatar nuevas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que indican que el comisionado Velásquez puede ingresar al país. Anunció que no se renovará el acuerdo de permanencia de la CICIG a partir de septiembre de 2019.

El gobierno ha eliminado la totalidad de la pauta en los medios y no ha pagado por los espacios contratados por el gobierno anterior, pese a la responsabilidad de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y a que la Contraloría General de Cuentas ha ordenado los pagos.
Grupos económicos importantes han iniciado silenciosas campañas de ahogo financiero a los medios, en represalia por reportar noticias relacionadas a la corrupción.

En mayo, la Asociación de Periodistas de Guatemala y el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA) exigieron al gobierno que se respete la libertad de prensa en el país pues se observa una estrategia de los tres poderes del Estado para no atender a los periodistas dar declaraciones solo a algunos medios afines al gobierno.

Son constantes los ataques por medio de netcenters a los medios, periodistas y generadores de opinión críticos del gobierno. Se han hakeado cuentas personales de periodistas y luego se han utilizado sus fotografías personales como mecanismos para generar ataques que socavan su credibilidad. Los intentos cibernéticos de ataque a los sitios electrónicos de los medios son constantes y se vienen realizando con mayor fuerza en los últimos meses. El ataque más efectivo se dio el 29 de agosto, cuando el sitio digital de elPeriódico estuvo por varias horas fuera de línea.

La estrategia para silenciar periodistas también se está llevando a cabo en los tribunales de justicia pues han aceptado acciones en contra de José Rubén Zamora por parte de la canciller Sandra Jovel quien ha aprovechado la ley en contra del femicidio para acusarlo de agresiones en contra de la mujer por violencia psicológica y discriminación. Esta misma estrategia fue utilizada por la congresista Sandra Patricia Sandoval quien acusó a un manifestante de haberla insultado y causado lesiones psicológicas.
Varios periodistas de Guatevisión y Nuestro Diario han sufrido diversos ataques en forma de asaltos.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos limita la libertad de contratación de parte de los medios en cualquier plataforma. Establece tarifas al 20% de lo que cobran los medios y, además, la propaganda tiene prioridad sobre las pautas comerciales. También la ley busca medir si alguna información publicada podría ser considerada propaganda o favorece a algún candidato. El incumplimiento castiga penalmente a los funcionarios, directores, socios y dueños del medio de comunicación.

La Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala presentó en abril una acción de Inconstitucionalidad contra varios artículos de esta ley.

Con todas las restricciones mencionadas, se espera un proceso electoral "disfónico" ,pues los principales medios del país decidieron no inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral, por lo que no recibirán propaganda política. Las coberturas de eventos realizados por los candidatos de elección popular serán severamente analizadas por las autoridades electorales con lo cual se tiene un gran riesgo de autocensura.

Otros ataques directos a la libertad de expresión se registraron por parte de grupos religiosos cristianos que se han expresado en contra de manifestaciones pro derechos de la comunidad homosexual y últimamente de bandas musicales (rock) por contener "agresiones" a la religión en las letras de sus canciones.
El Presidente y el Congreso aprobaron sus resoluciones que prohibieron el ingreso al país de un grupo musical y la realización de un concierto en un sitio público.


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