Paraguay

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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En este período la libertad de prensa se vio afectada por proyectos legislativos que buscan minar el flujo informativo y por las constantes agresiones a las que se exponen los periodistas, razón esta que ha derivado en una propuesta de crear un sistema de protección para defensores de derechos humanos, que incluirá a periodistas.

En abril, Mario Abdo Benítez fue elegido presidente. Desde la caída de la dictadura, es el ganador de las presidenciales con menor margen de diferencia: 3,7% sobre Efraín Alegre, candidato de la Alianza Ganar, de la oposición.

En medio de un clima de cuestionamientos sobre una supuesta falta de control de la información durante los comicios generales, el diputado liberal Víctor Ríos anunció que impulsará una ley para prohibir la divulgación de sondeos de urna antes del cierre de la votación. Esto pese a que en 2007 el entonces ministro de la Corte Suprema Víctor Núñez argumentó en sus fallos que prohibir encuestas y bocas de urna atenta contra las libertades de prensa y expresión garantizados en la Constitución.

El proyecto de ley "que regula la realización y divulgación de encuestas electorales para cargos de elección popular y referéndum", está en tratamiento en la Cámara de Diputados después de haber sido aprobado en el Senado. Analistas argumentan que viola el Art. 26 de la Constitución, que garantiza la libertad de prensa "sin censura alguna", y el Art. 29, que declara que "El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa".

El proyecto, que busca punir con multas de 785 millones de guaraníes (alrededor de 134.000 dólares) a los medios de comunicación que difundan encuestas en boca de urna antes de la 1:00 de la tarde del día de votación.

El proyecto establece también multas de entre 390 millones de guaraníes (alrededor de 62.000 dólares) y 680 millones de guaraníes (alrededor de 180.500 dólares) a cualquier encuestadora que no esté registrada o no remita a la Justicia Electoral todos los datos técnicos del sondeo cinco días antes de su publicación y exige que los sondeos de opinión en programas de TV o sitios web consignen la frase: "Los resultados de esta encuesta son referenciales y no tienen sustento científico".

En agosto, Luis Reinoso, extitular de Conatel y miembro del equipo de transición del nuevo gobierno, propuso regular los contenidos de los medios de prensa por el "exceso" en la libertad de expresión convertido en "libertinaje", en un debate sobre "Desafíos del periodismo del siglo XXI y libertad de expresión" durante el Asunción Media Show.

En agosto, los obispos de Carapeguá y del Chaco cuestionaron el plan del Gobierno de regular la libertad de prensa. Monseñor Celestino Ocampo Gaona, obispo de la Diócesis de Carapeguá, señaló que regular los contenidos de los medios de prensa por un supuesto "exceso" de la libre expresión sería un retroceso para la democracia.

En setiembre, el presidente Abdo Benítez, en un multitudinario acto realizado por el aniversario de la ANR, acusó al exmandatario Horacio Cartes de utilizar sus medios de comunicación para atacar constantemente a su gobierno.

En marzo, a un año de la quema del Congreso Nacional y del homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el exfiscal general Óscar Germán Latorre afirmó que los medios son determinantes en las decisiones judiciales y que los medios afines a la oposición trataron de instalar que el ataque fue un operativo para acabar con la vida de Efraín Alegre. Lo manifestó en un programa de la radio 970 AM.

En diciembre pasado, audios filtrados a la periodista de ABC Color Mabel Rehnfeldt y emitidos por la radio ABC Cardinal comprometieron al senador Óscar González Daher (ANR), actualmente procesado y en prisión, y a su secretario, Raúl Fernández Lippmann, en delitos de extorsión y tráfico de influencia. El Senado retiró la investidura al primero por «fehaciente uso indebido de influencias». A partir de este caso y otros denunciados en la prensa, una serie de movilizaciones ciudadanas ha ido consiguiendo las sucesivas renuncias y pérdidas de fueros de parlamentarios implicados en diversos delitos de corrupción, tales como el legislador Jorge Oviedo Matto (Unace) o el exdiputado José María Ibáñez (ANR). Otros legisladores, como Víctor Bogado (ANR), Carlos Portillo (PLRA), Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), Enzo Cardozo (PLRA), están procesados o imputados.

En abril, empleados y seguidores del exsenador Óscar González Daher agredieron a varios periodistas durante la cobertura de las elecciones generales. Los tres policías presentes en el local no intervinieron. Los agresores fueron en su mayoría funcionarios públicos.

En mayo, la justicia de Brasil inició el proceso preliminar contra Flavio Acosta Riveros (33), acusado por el doble homicidio del corresponsal de ABC Color Pablo Medina y su acompañante, Antonia Almada, en 2014. Flavio Acosta fue detenido en enero de 2016 en Brasil. Por su nacionalidad brasileña, no fue extraditado a Paraguay.

En setiembre, la jueza federal Gabriela Hardt elevó la causa a un Jurado Popular de Curitiba. Por primera vez, un ciudadano brasileño será juzgado por la justicia de Brasil por un crimen cometido en Paraguay. En mayo se realizó la primera reunión para impulsar la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, que brindaría seguridad a los periodistas que reciben amenazas por el cumplimiento de su tarea informativa. Existe actualmente en el Congreso Nacional un proyecto de ley presentado en 2017 por la diputada Olga Ferreira (independiente) que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos.

En mayo, el corresponsal de ABC Color Alberto Núñez -que cubre la zona baja de Canindeyu, donde fuera asesinado el periodista Pablo Medina - tras recibir amenazas por Whatsapp, declaró ante el fiscal de Capiibary, departamento de San Pedro. El motivo de las amenazas fue una publicación del diario ABC Color sobre tráfico de mandioca al Brasil a través de la ciudad fronteriza de Pindoty Porä. Las casas de dos de los identificados fueron allanadas en junio.

En mayo, el abogado Ezequiel Santagada solicitó a la Cámara de Apelaciones que confirmara la Sentencia Definitiva Nº 24, dictada por el juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme, que ordena a la Contraloría entregar las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos solicitadas por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano. La Contraloría, por medio de apelaciones, sigue negándose a entregar la información pública.

En junio, el gobernador de Paraguarí, Oscar Velaztiquí (ANR), advirtió a la corresponsal de ABC Color Emilce Ramírez que la denunciará a la justicia por una publicación sobre uso de recursos del gobierno departamental en una obra privada y exigió que revelara sus fuentes de información.

Según el Art. 29 de la Constitución, los periodistas "no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información". En junio, a raíz de una denuncia ante el Ministerio Público por acoso sexual contra Gustavo Duarte Ruiz Díaz, presidente del Consejo de Administración de la Universidad Tres Fronteras, la rectora de dicha institución, Nancy Romero de Duarte, presentó un recurso de amparo, al que un juez dio lugar, contra varios medios de prensa para impedir que se difundieran información sobre el caso. El juez prohibió al diario Vanguardia de Ciudad del Este y otros medios mencionar a la universidad.

En agosto, la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por el diario Vanguardia para que se le permita informar.

En julio, documentos internos de la Entidad Binacional Yacyretá revelaron, además de pagos a diarios, radios y canales, desembolsos también a periodistas de diversos medios. La Entidad Binacional repartió en total 49.503 millones de guaraníes –casi 10 millones de dólares–desde la llegada de Horacio Cartes a la Presidencia en agosto de 2013. En julio, el narcotraficante Felipe "Barón" Escurra eludió un operativo para recapturarlo, presuntamente gracias a policías de Capitán Bado. Barón Escurra huyó minutos antes de que los agentes llegaran a su escondite. Capturado por la Senad en 2016, había sido liberado en 2017 por el juez Leonjino Benítez. Se revocó esta resolución, pero el criminal nunca fue encontrado. Barón Escurra fue grabado en 2011 cuando planeaba con un convicto brasileño el asesinato del corresponsal de ABC Color en Amambay, en la frontera con el Brasil, Cándido Figueredo Ruiz.

En setiembre, la radioemisora Crisol FM, de María Auxiliadora, Itapúa, dejó de operar por disposición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El caso generó una disputa política ya que la medida está basada en una demanda de un político dueño de otra emisora.

Algunos medios de comunicación y periodistas ven con preocupación la creación del Ministerio de Tecnologias de la Información y la Comunicación, una nueva institución que nuclea a varias secretarías del sector y que ha sido calificada como un "super ministerio".

Se teme que se constituya en un organismo de mayor control por parte del Poder Ejecutivo sobre las actividades de la prensa, la radiodifusión, la teledifusion e internet.

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