Perú

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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En el último semestre se produjeron agresiones físicas, amenazas y acoso contra periodistas que denuncian actos de corrupción o actividades ilícitas, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de alerta, sancionar a los agresores y proteger a los periodistas y sus fuentes.

La "Ley Mordaza" que prohibía la publicidad estatal en medios privados, promulgada por el Congreso y considerada la expresión más clara de la censura indirecta ejercida contra los medios independientes, fue anulada por el Tribunal Constitucional.

La crisis política ha mellado la credibilidad en la clase política y las instituciones tras las denuncias sobre corrupción que involucran a jueces, fiscales, políticos y empresarios. El papel de la prensa fue determinante para revelar las implicancias y los alcances de los casos de corrupción, lo que ha traído como consecuencia reacciones en contra de la prensa como la dirigida por la Fiscalía y el Congreso, que incluso exigieron la revelación de fuentes periodísticas.

Otra represalia contra la prensa fue la aprobación en junio de la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados, que fue acompañada por una campaña para desprestigiar a los medios independientes. La "Ley Mordaza", presentada en noviembre de 2017 por el congresista Mauricio Mulder y aprobada pese a las observaciones planteadas por el Ejecutivo, fue declarada inconstitucional el 11 de octubre por el máximo tribunal del país.

En setiembre, la Presidencia del Consejo de Ministros, así como un grupo de parlamentarios, presentó acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico presentaron recursos de "Amicus Curiae", sustentando la inconstitucionalidad de la norma.

A ello se suman agresiones físicas y amenazas por parte de "poderes fácticos" vinculados a mafias y/o actividades ilícitas. Estas agresiones se produjeron como consecuencia de las investigaciones realizadas para revelar casos de corrupción de denuncias sobre delitos graves como el narcotráfico o la minería ilegal.

Otros hechos relevantes en este período:

En junio, el Consejo de la Prensa Peruana condenó las expresiones del entonces Jefe de Seguridad del Congreso, Walter Jibaja, quien amenazó a la periodista de La República Rosa María Palacios a través de su cuenta en Twitter.

El mismo mes, personal de seguridad del Congreso fue sorprendido mientras tomaba fotografías de la periodista Anuska Buenaluque, de Cuarto Poder, mientras realizaba una entrevista al vocero oficialista Gilbert Violeta. Diversos medios de comunicación denunciaban la contratación de militantes de Fuerza Popular en las oficinas de comunicación del Congreso, desde donde se llevaba a cabo una "campaña de estigmatización" contra periodistas, medios de comunicación y el Consejo de la Prensa Peruana.

También en junio, diversos medios denunciaron una "campaña de estigmatización contra los periodistas Augusto Álvarez Rodrich, Patricia del Río, Claudia Cisneros, Pamela Vértiz, Raúl Tola, Rosa María Palacios, Sol Carreño y al caricaturista 'Heduardo', por parte del Jefe de Seguridad del Congreso, Walter Jibaja. Como quedó registrado con las capturas de pantalla que algunos usuarios realizaron sobre su cuenta de Twitter, Jibaja agredió por esa vía a periodistas.

En julio, el Ministerio Público se acercó a las instalaciones del IDL-Reporteros para realizar una diligencia de exhibición de la documentación relacionada a los audios que involucran a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que difundió el medio. El director Gustavo Gorriti señaló que las autoridades no contaban con la orden respectiva, por lo que la diligencia se suspendió. Horas después, la Fiscalía de la Nación lamentó las "incomodidades surgidas" y señaló que el objetivo era "dar mayor celeridad a las investigaciones conocida la gravedad de los hechos".

Gorriti y Rosana Cueva, directora del programa "Panorama", fueron citados por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que informen cómo obtuvieron los audios que difundieron.

Ante ello, el CPP indicó a través de un comunicado que, si bien es legítimo solicitar la colaboración de periodistas para el esclarecimiento de hechos materia de investigación, "la protección de la confidencialidad de las fuentes es un elemento fundamental que permite a la prensa cumplir con su rol fiscalizador".

El 30 de julio fue agredido el periodista Deyvid Rufino Ito Apaza, de radio Juliaca, en la provincia del mismo nombre. Según la alerta publicada por la ANP, el hombre de prensa fue golpeado mientras cubría un enfrentamiento entre transportistas en la vía pública.

El 19 de agosto Hugo Máximo Gonzales Henostroza, director del portal www.noticierolibre.com, fue agredido por dos sujetos cuando se dirigía a su casa, en la provincia de Huaraz, región Ancash.

El 25 de septiembre Liubomir Fernández, periodista de La República, recibió amenazas de muerte en su cuenta personal de Facebook. El hecho se produjo en la ciudad de Puno luego que Fernández publicara denuncias sobre la presunta participación del candidato a gobernador regional Alexander Flores Pari y su familia en actividades de minería ilegal.

El 4 de octubre se conoció la sentencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en noviembre de 1998. El candidato a la alcaldía de Lima y ex ministro del Interior, Daniel Urresti, fue absuelto por el asesinato, lo que generó una dura reacción de los medios y familiares de Bustíos. Urresti fue sindicado como parte del grupo de militares de la Base Contrasubversiva de Castropampa que asesinó a Bustíos, mientras este cubría un atentado en la localidad de Erapata, en Ayacucho, para la revista Caretas.

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