El 26 de agosto la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó 104 recomendaciones al gobierno para mejorar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según el informe, el Mecanismo adolece de medidas paliativas, falta de personal y presupuesto, carencia de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos y de periodistas, y permite un alto nivel de impunidad.
Jan Jarab, representante de la ONU en México, destacó que este Mecanismo tiene un enfoque reactivo–paliativo, y se recomienda dar prioridad a la prevención, pero también a erradicar la impunidad. Explicó que el 55% de los presuntos perpetradores de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos eran funcionarios públicos, por lo que se hace imperativo prevenir, investigar y sancionar esos ataques.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache Mondragón, detalló que los mayores focos de peligro para los periodistas son Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México y Quintana Roo, y para los defensores de los derechos humanos son Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Estado de México.
El 2 de mayo Telésforo Santiago Enríquez, director de la radio comunitaria indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado con arma de fuego por sujetos desconocidos en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca. El periodista estaba a punto de llegar a las instalaciones del medio cuando fue interceptado en el barrio de Ampliación de las Tres Cruces. Sus allegados dijeron que le interesaba rescatar el zapoteco como lengua en la zona y abría su micrófono para que la gente se expresara sobre los problemas públicos. Había recibido amenazas.
El 16 de mayo Francisco Romero Díaz, reportero policiaco y dueño del portal digital Ocurrió Aquí, fue asesinado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. El cuerpo de Romero Díaz fue encontrado frente al bar La Gota junto a su motocicleta y presentaba heridas de bala y golpes en el rostro. Fue detenido un presunto responsable del asesinato, a quien la Fiscalía General de Quintana Roo lo identificó como probable autor material.
El 11 de junio Norma Sarabia, periodista de 46 años, fue asesinada a balazos frente a su casa por sujetos que le dispararon desde un automóvil. Su cuerpo quedó tendido sobre la avenida Nicolás Bravo en Huimanguillo, Tabasco. Era periodista, madre soltera y candidata a psicóloga por la Universidad Popular de la Chontalpa.
El 30 de julio fue asesinado Rogelio Barragán, director del medio digital Guerrero al Instante. Fue hallado sin vida en el municipio de Zacatepec, Morelos. Según colegas, Barragán se dirigía a visitar a sus familiares.
El 2 de agosto Édgar Alberto Nava López, periodista y funcionario del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero, fue asesinado a balazos. Administraba la página de Facebook La Verdad de Zihuatanejo y era el director de Reglamentos de ese municipio.
También ese día fue asesinado Jorge Celestino Ruíz Vázquez, en el municipio de Actopan, Veracruz. El periodista fue atacado con un arma de fuego en el poblado de La Bocanita. Era reportero del diario El Gráfico, en Xalapa, Veracruz. Había denunciado amenazas de muerte y antes su casa había sido baleada.
El 24 de agosto Nevith Condés Jaramillo, director del portal informativo El Observatorio del Sur, fue asesinado en la comunidad de Cerro de Cacalotepec, Estado de México. Según fuentes diversas, el periodista denunció que policías estatales habían disparado contra un helicóptero que trasladaría a tres mujeres, una de ellas enferma, en el poblado El Rincón de Cristo. El periodista había solicitado apoyo de Artículo 19 por amenazas recibidas. También pidió su incorporación al Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal. Nunca se concretó esa medida.
De los 131 asesinatos de periodistas registrados por Artículo 19 desde 2000, 11 de los casos ocurrieron durante el gobierno actual.
Una misión de la SIP en septiembre a Ciudad de México y el estado de Veracruz mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y estales, y de ante la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó destrabar los casos de Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda, sobre los que la SIP ya había logrado recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mantuvo negociaciones para buscar que el Estado reconozca su responsabilidad y se repare a los familiares de las víctimas.
En Veracruz, la SIP exigió al gobernador dar seguimiento a investigaciones sobre asesinatos de periodistas que están paralizadas. Por otra parte, observó con optimismo la formación de un grupo de medios, integrado en esta primera etapa por El Universal, Organización Editorial Mexicana, Televisa, TV Azteca, Cadena Fórmula, Milenio y La Silla Rota. Este grupo tiene como principal motivación investigar asesinatos, dar seguimiento a los temas que los periodistas asesinados estaban denunciando y combatir la impunidad.
La misión de la SIP se hizo eco de las denuncias y preocupación de organizaciones y sectores de la sociedad civil, respecto a las consecuencias violentas que pueden acarrear las constantes descalificaciones de periodistas y medios que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acostumbra hacer en forma cotidiana.
El 22 de julio el presidente discutió con el reportero Arturo Rodríguez de la revista Proceso porque "no se portó bien" con su gobierno. AMLO recordó el papel instrumental del periodista Francisco Zarco en las disputas sobre la libertad de expresión entre liberales y conservadores en el siglo XIX, afirmando que "todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones".