Panamá

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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En este período se observó el incremento de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión o influencers, como herramienta de intimidación y para promover la autocensura.

A inicios de septiembre el Tribunal Electoral entregó a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) un proyecto de reforma al Código Electoral que tipifica como faltas electorales la difusión de noticias falsas y la desinformación durante el proceso electoral o los servicios que brinda el Tribunal Electoral. Propone multar la difusión de propaganda electoral en publicaciones de contenido editorial, promover a un aspirante, precandidato, candidato o partido; el uso indebido de los medios digitales y la violación al descuento de tarifas por parte de radioemisoras o televisoras. La iniciativa deberá ser presentada ante la Asamblea Nacional en enero de 2021.

El diputado Javier Sucre presentó un proyecto de ley que busca sancionar a aquellas personas que "graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y se publiquen en redes sociales".

En mayo, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas emitieron pronunciamientos para rechazar "la publicación de avisos pagados por el Estado y firmados por la Secretaría de Comunicaciones Estratégicas para desmentir publicaciones periodísticas".

Treinta y ocho (38) periodistas, directores y directivos de los diarios La Prensa y Mi Diario, han sido querellados por el expresidente Ricardo Martinelli, por presuntos delitos contra el honor. De las 16 demandas interpuestas por el expresidente, 11 han sido admitidas, cuyas reclamaciones civiles totalizan más de 46 millones de dólares. Desde el informe de marzo, Martinelli presentó una querella adicional contra Mi Diario.

La jueza de Garantías, Elkis Martínez Agrazal, ordenó la prohibición de capturar o fotografiar imágenes del abogado Jaime Lescure. El abogado había demandado al diario La Prensa por la publicación de audios, en los que el abogado ofrecía servicios a un cliente que incluían el pago de sobornos a jueces y magistrados. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la decisión.

En julio, el Juzgado Decimoquinto Civil de Circuito a cargo de la jueza Lina Castro de León, ordenó un secuestro de cuentas bancarias y activos de La Prensa por un monto de 1.13 millones de dólares por una demanda del expresidente, Ernesto Pérez Balladares, por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor. El proceso data de 2012, pero todavía no tiene sentencia de primera instancia.

En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios el reclamante –sin todavía sentencia a su favor– pueda promover el congelamiento de activos. Existe una norma que prohíbe que se dicten medidas cautelares sobre bienes y activos de la radio y la TV, pero no para medios impresos y digitales.

Once organizaciones pidieron al relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre "acciones de hostigamiento judicial" contra La Prensa.

En octubre, la plataforma digital Foco solicitó medidas de protección a la CIDH por "amenazas telefónicas, acoso cibernético, querellas y denuncias penales".

Se mantiene vigente el artículo 195 del Código Penal sobre injuria y calumnia a través de medios de comunicación. Si bien fue descriminalizado en casos de funcionarios con jurisdicción nacional, no lo ha sido en caso de otros funcionarios y exfuncionarios y por particulares. El Código Penal sanciona estos delitos con penas de 6 a 18 meses prisión o su equivalente a días multas. En materia civil, existe preocupación por reclamaciones cuantiosas, procesos que intimidan a los periodistas y comprometen el funcionamiento de los medios.

A tres años de iniciado el proceso, el Ministerio Público continúa con la investigación por el caso "New Business" sobre información remitida por la Asamblea Nacional sobre la forma en que fue adquirido el grupo EPASA que publica los diarios Panamá-América y Crítica. Este grupo considera que el caso es por represalia a los casos de corrupción que ha publicado.

La Corte Suprema de Justicia no admitió una acción de habeas data que solicitaba información sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia. Debido a esa decisión, las entidades periodísticas expresaron su preocupación sobre la falta de cumplimiento con la Ley de Transparencia y sobre el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

La pandemia ha provocado graves consecuencias para la sostenibilidad de los medios, obligados a realizar importantes ajustes. El Estado de Emergencia Nacional fue decretado por el Consejo de Gabinete el 13 de marzo con restricciones de movilidad. Se ha flexibilizado a partir de septiembre, aunque se mantiene un toque de queda de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. de lunes a viernes y se prohíbe la movilidad los días domingo.

Continúa en trámite en el Parlamento Latinoamericano el proyecto de Ley Marco de Comunicaciones, presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces. La iniciativa establece mecanismos de control estatales para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios.


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