El asesinato de un periodista, el asedio a la prensa por parte de la delincuencia organizada en zonas donde se libra una disputa por el control de las rentas criminales, y la insistencia del gobierno y de sectores políticos en alimentar una peligrosa narrativa que estigmatiza la labor de medios y periodistas, son los hechos más preocupantes en este período.
El 28 de noviembre fue asesinado Wílder Córdoba, director del canal local TV Unión, de La Unión, departamento de Nariño, en el suroccidente del país. Era crítico de la gestión de las autoridades de su municipio.
Preocupan los mensajes estigmatizantes y potenciales generadores de odio que trasmite el presidente, Gustavo Petro. Entre octubre de 2022 y abril del 2023, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 16 estigmatizaciones contra los periodistas por parte de funcionarios públicos.
En marzo, el presidente Petro publicó en Twitter al menos 34 mensajes dirigidos a nueve medios de comunicación, con los que corrigió o reprochó a los periodistas por cómo cubren el desempeño de su administración.
Paralelamente, Petro lamentó que sus "reclamos" den pie para que "ciudadanos y ciudadanas con cierto nivel de intolerancia" envíen mensajes a los medios y "rechaza de manera firme cualquier insinuación de violencia en contra de la prensa". Estos segundos mensajes no tienen el eco de los primeros.
Si bien el presidente fue receptivo a los llamados de atención de la FLIP, luego retomó en sus redes el tono y las posturas estigmatizantes. La FLIP pidió al mandatario moderar sus mensajes, ante el riesgo de crear un ambiente "permisivo" para "agredir a la prensa".
Los congresistas opositores Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal también publicaron mensajes estigmatizantes contra periodistas y medios.
En noviembre, la senadora oficialista Piedad Córdoba afirmó en el parlamento que "los medios desinforman" y propuso un debate sobre el papel histórico de estos en la democracia colombiana. Su iniciativa no tuvo acogida y tampoco un artículo en un proyecto de ley del oficialismo sobre política criminal, que obligaba a la prensa a publicar campañas con contenidos revisados previamente por el Estado.
En diciembre, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, acusó al diario El País de publicar "noticias falsas", como reacción a publicaciones que cuestionaban su gestión.
La ministra de salud, Carolina Corcho, dijo que los medios eran los responsables de un supuesto ambiente hostil que ha encontrado el proyecto de ley de reforma al sistema de salud presentado por el gobierno.
El comandante del grupo guerrillero ELN, Antonio García, amenazó por Twitter a las periodistas Vicky Dávila, directora de Semana, y María Alejandra Villamizar, de Caracol Noticias, por las críticas que hicieron tras un ataque a una base militar en el que murieron siete soldados y dos suboficiales del Ejército. El presidente Petro dijo que "su Gobierno defiende decididamente la libertad de prensa, uno de los pilares de la democracia", y condenó las amenazas.
En Barranquilla, un grupo de hombres armados llegó hasta las oficinas del diario El Heraldo con el fin de presionar a su directora para que publicara una entrevista previamente elaborada con el cabecilla de una de las bandas criminales de la ciudad. Poco antes, el diario había recibido una llamada intimidante con la misma pretensión. Otros medios de esa ciudad, como el portal "Zona Cero", han sido también presionados para publicar entrevistas con los cabecillas de las bandas, bajo amenazas de atentados.
En marzo, periodistas de Putumayo hicieron un llamado al Alto Comisionado de Paz para que gestione un cese inmediato de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales. Ante el asedio de los criminales, los periodistas han tenido que recurrir a la autocensura como única medida de protección. Putumayo es representativo de lo que se vive en las regiones donde, a la par del auge del narcotráfico y la minería ilegal, recrudece la violencia que ejercen las bandas criminales.
El 25 de abril, en el primer encuentro de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, el gobierno planteó crear una nueva ley para regular el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Aunque no hubo indicios concretos de que haya intenciones de afectar la libertad de expresión, sectores de medios y asociaciones mostraron preocupación y expresaron que monitorearán el proceso.
