Las fuerzas de seguridad y los servidores públicos continuaron intimidando durante este período a los medios de comunicación y periodistas mediante ataques verbales y físicos.
El oficialista Consejo de Comunicación contabilizó 11 ataques en contra de medios y 45 agresiones en contra de periodistas en 2023. La mayoría corresponde a obstrucción al trabajo periodístico, ciberacoso, agresión verbal, atentados, censura, ciberataque, hostigamiento, estigmatización, robo o eliminación de material periodístico, secuestro y daño a la propiedad privada.
La prensa ha sido duramente atacada por el presidente Guillermo Lasso. El 1 de febrero, en ceremonia de cambio de altos mandos de la Policía, el presidente fustigó a la prensa porque "confunden la libertad de expresión con el libertinaje".
Acusó al medio digital La Posta por lo que consideró una campaña de ataques y calumnias. El medio denunció, con documentos y audios, a varios funcionarios de gobierno y al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, por presuntos actos de corrupción y narcotráfico. Lasso criticó al medio diciendo que se trataba de "falsedades que buscan caotizar el país" y un "abuso a la libertad de expresión", al referirse a las denuncias periodísticas sobre el financiamiento ilegal de su campaña electoral y sus vínculos con el empresario Rubén Cherres, a quien se asocia con el narcotráfico.
La inseguridad pública y la ola delincuencial son las máximas preocupaciones en el país. Se reportaron 4.603 muertes violentas en 2022 y 815 en este primer trimestre.
Esa delincuencia afectó a los medios y periodistas. La sede de la radio Sono Onda de Portoviejo fue atacada con armas de fuego. El vehículo del periodista Julio Ramos fue destruido por delincuentes en un atentado.
También se registró una nueva modalidad de ataques a medios y periodistas a través de memorias portátiles USB con explosivos.
El 15 de marzo, el director de Exa FM, Álvaro Rosero, denunció un ataque con un pendrive dirigido al periodista Miguel Rivadeneira. La Policía Judicial confirmó que el dispositivo contenía material explosivo.
El 20 de marzo el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa, Guayaquil, recibió un sobre con un pendrive, el cual explotó al insertarlo en su computadora. Artieda resultó ileso del atentado.
El gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta, también denunció que recibió un pendrive dirigido al periodista Mauricio Ayora, el que también contenía material explosivo, según las autoridades.
Asimismo, se incrementaron los asaltos y robos a periodistas durante sus coberturas. En enero, periodistas de Te Veo Ecuador fueron asaltados por delincuentes armados. En marzo, en Durán, y en abril, en Guayaquil, varios periodistas de Teleamazonas fueron asaltados a mano armada.
El reportero José Luis Calderón y el camarógrafo Pedro Maruri, de TC Televisión, fueron asaltados en Guayaquil. El canal Vinces TV, de Huaquillas, provincia de El Oro, decidió cambiar su línea editorial debido a la situación de inseguridad.
El medio digital GK informó que envió fuera del país a la comunicadora Karol Noroña, debido a que recibió amenazas por una cobertura sobre la crisis carcelaria y el crimen organizado.
En diciembre, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsabilizó al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la protección judicial efectiva del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los hermanos Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti, directivos y accionistas del diario El Universo. La decisión tiene su origen en la denuncia que los hermanos Pérez presentaron el 26 de febrero de 2016 y ampliaron en 2018. El Comité demandó al Estado a cumplir con una "reparación integral" que incluye "una indemnización adecuada" y un "recurso judicial efectivo".
Otros hechos relevantes durante el período.
El 7 de noviembre los medios digitales Radio Pichincha, de Quito, y Un café con JJ, de Guayaquil, sufrieron ataques cibernéticos.
El 24 de diciembre, en Portoviejo, provincia de Manabí, las instalaciones de la radio Sono Onda fueron atacadas con varios disparos.
El 10 de enero la periodista Dayanna Monroy denunció acoso en sus redes por parte del hijo del expresidente Abdala Bucaram, Jacobo, investigado por la Fiscalía por comercialización irregular de insumos médicos al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Guayaquil.
El 17 de enero la periodista Sofía Weir y el camarógrafo Bryan Ballesteros, de Te Veo Ecuador, fueron asaltados con pistola durante una cobertura en Esmeraldas.
El 23 de enero la periodista independiente Blanca Moncada señaló que miembros de la Policía Metropolitana la incluyeron en una lista de detractores de la alcaldesa de la ciudad.
El 2 de febrero el candidato de extrema derecha a la alcaldía de la ciudad de Quito, Pedro Freile, atacó al medio digital GK, al que considera un vocero del correísmo. Freile expresó en tono amenazante: "Ustedes se están convirtiendo en un círculo rojo que va a tener que ser extirpado".
El 5 de febrero un equipo periodístico de diario Expreso fue impedido en Guayaquil de realizar su trabajo en el centro de mando de la alcaldesa Cinthya Viteri, del partido PSC.
El 6 de febrero un grupo de simpatizantes de una organización política atacaron la vivienda del periodista Juan Alcívar, del medio digital JAR TV, en La Concordia (provincia Santo Domingo de los Tsáchilas).
El 9 de febrero el expresidente Rafael Correa atacó en Twitter a los periodistas Martín Pallares y Christian Zurita, acusándolos de estar parcializados con las élites.
El 2 de marzo el medio digital Wambra, de la ciudad de Quito, fue víctima de un ataque informático.
El 10 de marzo en Babahoyo, provincia de Los Ríos, el periodista Julio César Ramos fue atacado y su vehículo incendiado.
El 1 de abril periodistas del medio digital La Posta denunciaron amenazas contra Anderson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, fundadores de esa plataforma, por parte de la mafia albanesa.
El 5 de abril los comunicadores Jefferson Santos y Joseph Cueva, del medio digital Portada TV, de Puyo, provincia de Pastaza, recibieron llamadas y mensajes amenazantes luego de hacer público un reportaje de abuso sexual en un establecimiento educativo.
El 11 de abril los periodistas Vanessa Robles y Eddy Robalino, de Teleamazonas, fueron asaltados en Guayaquil.
