En este período resulta alarmante el papel preponderante que ha cobrado la Fiscalía de la Nación, el principal ente de agresión en contra de periodistas y medios de comunicación. Sus agresiones incluyen el espionaje, la infiltración, la exigencia de revelación de fuentes, el hostigamiento y el impedimento de cobertura de hechos de interés público. En el último año, el Ministerio Público desplazó al Congreso, a la Policía Nacional del Perú y al Poder Ejecutivo como instituciones agresoras.
Esta tendencia agresiva de la Fiscalía viene en aumento desde la gestión de la fiscal de la nación Patricia Benavides. Si bien en gobiernos pasados, en particular en la década de 1990, la Fiscalía no fue un baluarte de defensa de la libertad de expresión, tampoco fue su agresora.
En el Congreso persiste el afán de ampliar la pena de cárcel por difamación. El congresista Segundo Montalvo es su principal promotor. En diciembre presentó un proyecto para modificar el Código Penal y ampliar las actuales penas de cárcel por difamación de entre uno y tres años, a entre tres y cinco años, con lo que se aplicaría la pena efectiva de cárcel. También propone ampliar los días de multa en caso de calumnia. Siete meses atrás, el Congreso no aprobó, en segunda votación, una iniciativa similar presentada por Montalvo.
Por su parte, el congresista Segundo Quiroz Barboza, del Bloque Magisterial, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal a fin de establecer que el funcionario que difunda información reservada, secreta o confidencial sobre una investigación penal será reprimido con un castigo de entre tres y cinco años de cárcel. La sanción se aplicaría también a quien difunda la información a través de medios de comunicación. Quiroz retiró su iniciativa días después de presentarla.
No se detectaron casos graves de agresión por parte del Poder Ejecutivo, aunque persiste su control sobre el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Periodistas de TV Perú y Radio Nacional han denunciado ante el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) el hostigamiento que sufren por parte de las altas autoridades.
En marzo, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, criticó a la prensa por denunciar que usaba relojes Rolex y joyería de alto valor que no consignó en sus declaraciones juradas y sobre cuyo origen se negó a informar. Sugirió que la cobertura mediática podría deberse a sexismo o discriminación. Según el periodismo, el valor de las joyas es desproporcionado en comparación con sus ingresos pasados y presentes. La presidente acusó a El Comercio de dar información "tendenciosa y falsa", luego de que el diario denunciara que ella tendría unos U$S 300.000 en cuentas bancarias personales y mancomunadas.
En noviembre, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un proyecto de ley que podría criminalizar la difusión de procesos de colaboración eficaz investigados por la Fiscalía. La iniciativa señala que los fiscales deben preservar la reserva de los contenidos del proceso, lo que podría llevar a que se penalice a quien filtre la información, pese a que pudiera tratarse de información de interés público, lo que incluiría a periodistas y la obligación de que revelen sus fuentes.
En marzo, el congresista de Acción Popular Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley que penaliza la difusión de información de colaboración eficaz. Esta iniciativa busca evitar que información de interés público –comprendida en un proceso de investigación vía colaboración eficaz– llegue a la ciudadanía a través de sanciones administrativas o penales a fiscales que la difundan. La iniciativa también busca que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio. Cordero Jon Tay y otros congresistas que firmaron el proyecto fueron señalados por la prensa como actores de presuntos actos de corrupción. Su hermana María, congresista suspendida por apropiarse del sueldo de sus trabajadores luego de que la prensa destapara el ilícito, podría verse beneficiada si la norma es aprobada por el Parlamento.
En noviembre, durante la audiencia virtual de apelación a la suspensión del fiscal Rafael Vela, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público impidió el acceso de la prensa. Medios nacionales e internacionales no pudieron presenciar la sesión que, dado el papel de Vela en las investigaciones fiscales del caso Lava Jato, era de interés público.
En diciembre, en medio de denuncias contra la fiscal general Patricia Benavides, suspendida por presuntos actos de corrupción, se conoció que José Luis Huayón, el abogado del Sodalicio de Vida Cristiana, un grupo religioso acusado (por periodistas como Paola Ugaz, Pedro Salinas y Daniel Yovera), de abusos sexuales, psicológicos y económicos, habría pedido a Benavides que un proceso contra Ugaz no sea archivado. A la periodista se la investigaba por presunto lavado de activos, un caso que fue archivado en julio de 2023. Ugaz, Salinas y Yovera han sufrido un acoso sistemático por parte de personajes vinculados al Sodalicio.
En enero, el fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez estableció el espionaje y la videovigilancia de al menos dos periodistas, César Romero y Juan Carlos Tafur, de los medios La República y Sudaca, respectivamente. La Fiscalía ordenó el seguimiento de los periodistas durante la gestión de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, en el marco de una investigación más amplia sobre un caso de corrupción llamado "Los Cuellos Blancos del Puerto", en el que están involucrados diversos personajes de la política y el sistema judicial investigados por los citados periodistas. El fiscal Rodríguez señala en su resolución que algunos artículos de ellos y sus medios son un indicio de la comisión de delitos de corrupción. Según el documento, se ordenaron acciones de seguimiento y vigilancia de los periodistas y personas vinculadas a ellos, toma de fotografías y registro de imágenes en lugares públicos y en las inmediaciones e incluso dentro de sus viviendas.
La Fiscalía investiga al periodista William Torres Carrasco por "violencia contra la autoridad", en referencia a la congresista Kelly Portalatino, del partido Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo llegó al poder. Portalatino había iniciado acciones legales contra el periodista luego de que Torres, conductor del programa "Última palabra" en el medio Somos Televisión, de Chimbote, en la región de Áncash, se dirigiera a ella en una conferencia de prensa por un reportaje que acusaba a su padre y pareja de presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash.
En este último período también se registró un incremento de casos de agresión contra periodistas por parte de funcionarios municipales de distintas ciudades del país.
En noviembre, seguidores del alcalde de la ciudad norteña Trujillo, Arturo Fernández, agredieron verbal y físicamente a un camarógrafo del canal Sol TV y a un fotógrafo del diario La Industria. El hecho ocurrió luego de que un funcionario municipal azuzara a los agresores contra aquellos medios.
Durante una sesión de reconsideración de suspensión del alcalde de Trujillo –vacado de su cargo–, realizada en la sede municipal, un grupo de simpatizantes forzó el ingreso y agredió verbal y físicamente a regidores y periodistas de diversos medios, entre ellos Sol TV, La República, Canal N y N60.
Durante la emisión de un reportaje del programa Punto Final, del canal de televisión Latina, sobre una mafia que adulteraba y creaba falsos certificados de educación secundaria, un periodista del medio fue amenazado por WhatsApp.
En diciembre, el periodista de la región Piura y conductor del programa Contacto Informativo, de la radio La Capullana, Clemente Rodrigo Vargas Siancas, denunció haber sido amenazado y hostigado por el regidor de la Municipalidad de Sullana, Oswaldo Clavijo Heras.
Los periodistas de RPP Deysi Portuguez y Pedro Goñi fueron agredidos verbal y físicamente por manifestantes cuando cubrían una manifestación en el centro de Lima. A ambos les lanzaron vinagre y Goñi fue golpeado en la cabeza con un palo de banderola.
El fotógrafo Juan Zapata, del medio digital Wayka, fue agredido por un policía mientras cubría una protesta contra la liberación del expresidente Alberto Fujimori frente a la sede del Poder Judicial.
La Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la apelación de una sentencia condenatoria por difamación contra los periodistas de la revista Caretas Enrique Chávez y Carlos Cabanillas. La sala condenó a los periodistas por delito contra el honor en agravio del excongresista Ernesto Ramón Gamarra Olivares y dispuso dos años de pena privativa de la libertad –que no implica un periodo de cárcel efectiva– y el pago de una reparación de unos US$ 13.000. Los periodistas también fueron sentenciados a un año de pena privativa de la libertad por difamación en agravio de María del Pilar Brescia Álvarez, esposa de Gamarra. En un artículo firmado por Cabanillas y aparecido en una edición de Caretas de febrero de 2020, se señaló que un juez pedía prisión preventiva para Gamarra por extorsión, chantaje y crimen organizado, y que su esposa e hija estaban involucradas. La familia señaló en su momento que esos delitos consignados en la nota eran falsos, y la Corte Superior de Justicia de Lima informó que el expediente contra Gamarra no existía. Caretas señaló haber rectificado el contenido de ese documento en tres ocasiones, pero a pesar de ello las demandas continuaron.
En enero, el grupo de derecha radical autodenominado "La Resistencia" repartió volantes en contra de los periodistas Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. A Gorriti le acusan de terrorista, y a Palacios, de defenderlos.
Los reporteros Jacqueline Martínez y Juan Carlos Portilla, de los canales de televisión ATV y Latina, fueron hostigados por un grupo de personas durante la llegada a la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad de Fray Vásquez Castillo, el sobrino del expresidente Pedro Castillo sindicado por presuntos actos de corrupción que permaneció prófugo por casi dos años.
La Policía Nacional del Perú amenazó al diario La República con acciones legales luego de que el caricaturista Carlos Tovar (Carlín) dibujara a tres policías idénticos con una descripción sobre cada uno de ellos que decía: "Delincuente con traje de policía" / "Policía delincuente" / "Policía que cumple su deber". En un comunicado, la Policía señaló que la caricatura afectaba su imagen institucional. A los pocos días, la institución presentó una carta notarial en la que exigía a La República y a Carlín rectificarse en un plazo no mayor a 48 horas.
En febrero, el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, descalificó a la prensa en una conferencia. La tildó de ser "doble sentido" y "maletera" y de criticar su gestión.
En un desalojo en la región San Martín, la fiscal Ysabela Melania Falcón Fretel ordenó a miembros de la Policía Nacional del Perú que retiraran al periodista Guti Gutiérrez Pacaya del lugar, a pesar de que se encontraba cubriendo el hecho.
El general de la Policía Nacional del Perú Augusto Javier Ríos Tiravanti amenazó a través de una carta notarial al programa de redes sociales La Encerrona con "acciones legales" si es que no se rectificaba. Adujo que su honor y reputación habían sido afectados. El programa informó que Ríos había sido relevado de la jefatura de la III Macro Región Policial La Libertad por haber sido investigado por presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con la minería ilegal.
El partido político Fuerza Popular denunció penalmente al periodista Gustavo Gorriti, director del portal IDL-Reporteros, entre otros personajes, por presuntamente integrar una organización criminal que habría incurrido en cohecho, tráfico de influencias y otros delitos. La denuncia está basada en declaraciones no corroboradas de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Congresistas de Fuerza Popular señalaron que Gorriti sería parte de una persecución política al partido. Luego, la fiscalía abrió una investigación contra Gorriti y fiscales, y solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista. Durante años, Gorriti y su medio de comunicación investigaron presuntos actos de corrupción cometidos por Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori.
Los periodistas Thaís Casalino y Rafael Vereau, del programa Contracorriente, del canal Willax, fueron agredidos por un trabajador de la minera Shougang Hierro Perú en la región Ica.
En marzo, el periodista del diario La República Liubomir Fernández fue presionado y amedrentado por publicar reportajes sobre mafias integradas por policías que estafaron a cientos de personas a través de redes piramidales en la región de Puno. El periodista señaló al abogado Enrique Calmet Choque como uno de los presuntos responsables. No es la primera vez que sufre acoso y persecución. El año pasado, tras informar acerca de la negligencia de una autoridad del Ejército del Perú, que terminó con seis soldados ahogados en el río Ilave, en Puno, fue amenazado en redes sociales y sufrió seguimiento por parte del Ejército y la Policía.
A mediados de marzo, la periodista Rosa María Palacios fue abordada al salir de un supermercado por un grupo de personas que la siguió, le gritó, la insultó y la amedrentó. La llamaron "mentirosa", "traidora", "defensora de terroristas" y le dijeron que "debe estar presa". Palacios ha sido hostigada varias veces por grupos radicales, como el autodenominado "La Resistencia".