El país continúa con un apagón informativo casi total. Los canales de televisión están completamente silenciados, salvo Radio Caracas Televisión, que fue cerrado y confiscado en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. También están silenciadas las estaciones de radio, con el agravante de que, mes tras mes, el régimen las fue cerrando en todo el país. No hay periodismo impreso independiente. Algunos grandes periódicos fueron comprados por el régimen y los que existen en forma independiente debieron migrar a internet, espacio en el que sufren bloqueos digitales permanentes.
Los periodistas sufren intimidación, persecución y detenciones arbitrarias, incluso el periodismo comunitario que utiliza las redes sociales para su labor. El bloqueo digital oficial es casi total: 48 medios y 78 dominios de noticias siguen bloqueados, lo que incluye a medios internacionales. Los bloqueos de sitios web son ordenados por CONATEL, con total discreción, opacidad y sin base jurídica.
Se identificaron bloqueos de tipo DNS, HTTP/HTTPS y TCP/IP. Los ISP o prestadores de servicio privados usan bloqueos DNS. Solo CANTV emplea bloqueos HTTP/HTTPS y DNS.
El gobierno también bloquea el acceso a herramientas usadas para evadir la censura, y también los bloqueos se dan en forma natural a través de apagones eléctricos masivos en todo el país.
El país está entrando al proceso electoral presidencial, pero no se espera que este sea competitivo y con transparencia, sino más bien fraudulento, como lo han señalado los EE. UU., la Unión Europea e, incluso, aliados de Maduro como los presidentes de Brasil y Colombia.
Espacio Público documentó 17 casos y 32 violaciones a la libertad de expresión en contra de periodistas, personal de medios y ciudadanía en general, la mayoría provenientes de funcionarios y cuerpos de seguridad. IPYS Venezuela, por aparte, registró 233 casos de agresiones en contra de periodistas en 2023 y 99 contra medios de comunicación.Principales agresiones en este período:
En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por el cierre de medios de comunicación. También denunció intimidación, persecución y detenciones arbitrarias en contra de periodistas. Además, dio detalles sobre robo, confiscación y destrucción de equipos profesionales e injerencia y denegación de entrada al país de corresponsales extranjeros.
El 23 de noviembre, el portal Oriente 24 News, de Sucre, sufrió un ataque informático con el que borraron parte del respaldo de la plataforma, hecho que fue atribuido a un "ataque político" tras la publicación de un reportaje sobre la situación del patrimonio arbóreo de Cumaná y la deforestación de árboles en la ciudad.
El 24 de noviembre, el sitio web de análisis e información La Gran Aldea sufrió un ataque de denegación de servicios.
El portal del medio digital El Carabobeño fue bloqueado desde el 8 de noviembre por la operadora estatal CANTV y las privadas Digitel, NetUno, Inter y Movistar. El medio es digital desde 2016 debido a que no le permiten comprar papel.
CONATEL sacó del aire la emisora Class 98.7, la primera FM del Estado Cojedes, con 30 años ininterrumpidos de operación. Ejecutó el cierre el 10 de noviembre mediante resolución GST-RS-00780, en la que el órgano declaró la extinción de la concesión.
El 3 de diciembre, funcionarios del Plan República impidieron el acceso de los periodistas de Globovisión, Televen, VTV, Venevisión, Qué Pasa en Venezuela, Unión Radio, Notitarde y Mango Noticias al centro de votación Escuela Ligia Cadenas Alvarado, en Tinaquillo, Cojedes, para hacer la cobertura durante el Referendo Consultivo.
Un efectivo del Plan República le mandó a borrar al periodista David Marcano, de El Periodiquito, las fotos que tomó durante la cobertura del Referendo Consultivo en Maracay, Aragua.
Funcionarios policiales y un teniente de la FANB impidieron al periodista Ricardo Tarazona, del portal Que Pasa En Venezuela, hacer vídeos de las afueras del centro de votación en San Felipe, Yaracuy.
Efectivos del Plan República expulsaron a periodistas de un centro de votación en Caracas donde se encontraba el opositor político Henrique Capriles.
El 6 de diciembre, el Ministerio Público anunció órdenes de captura contra la periodista Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela, entre otros dirigentes de esta y otras organizaciones políticas de oposición. Según Tarek William Saab, la investigación es por los presuntos delitos de "traición a la patria, conspiración con una potencia extranjera, legitimación de capitales y asociación para delinquir".
El 10 de enero, las emisoras radiales Órbita 99.7 FM, de Guanare, y Galáctica 100.7 FM, del municipio Sucre Biscucui, en Portuguesa, salieron del aire tras una orden de CONATEL. La notificación les llegó por mensaje de texto. Fueron exhortados a apagar los transmisores porque sus concesiones no habían sido renovadas.
El periodista Hernán González, del diario El Siglo, denunció el 15 de enero que fue víctima de agresión verbal y amedrentamiento durante la cobertura de los actos de protesta por el Día del Maestro en Maracay, Aragua.
El 19 de enero, personal de seguridad de la empresa de llenado "Gas Yaracuy", en Yaracuy, obligó a dos periodistas de medios nacionales a eliminar las tomas de apoyo que habían captado en el lugar, tras cubrir declaraciones de la directora de la planta.
El 22 de enero, el Ministerio Público anunció que se libró orden de aprehensión en contra de la periodista venezolana Sebastiana Barráez por las investigaciones de presuntos actos terroristas "hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro". Barráez sería investigada junto con Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marin, Mario Carratú y José Colina por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente y el gobernador de Táchira, terrorismo y asociación.
El 23 de enero, la sede del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Tachira, amaneció rayada. En sus paredes se podía leer "Furia Bolivariana".
Ese día, las instalaciones de Radio Hispana 89.5 FM en SanFelipe, Yaracuy, amanecieron vandalizadas por la acción de grupos desconocidos que rayaron sus paredes con la frase "Furia Bolivariana 2024". Ocurrió lo mismo en comercios y partidos de oposición.
El 27 de enero, el medio Palpitar Trujillano anunció que desalojaron la sede desde la que operaban sus trabajadores en Valera, Estado Trujillo, por presiones y amenazas recibidas en los últimos meses.
El 2 de febrero salió del aire la emisora Onda 100.9 FM, de Valencia, Estado Carabobo, luego de una orden de funcionarios de CONATEL. Onda ya había recibido varias visitas de inspección por parte de CONATEL en 2023.
Onda, junto a La Mega y las ya cerradas Unión Radio Noticias y Éxitos, formaba parte del Circuito Unión Radio en la entidad.
Funcionarios de la Alcaldía de Cumaná, Estado Sucre, amenazaron y difundieron un video intimidatorio contra la periodista Hilianni Vásquez, directora del portal de noticias regionales Prensa Alternativa, a propósito de su cobertura de una marcha oficialista.
El 15 de febrero, en el CICPC de Porlamar, Estado Nueva Esparta, hubo un intento de motín. Funcionarios impidieron la cobertura a periodistas de Canal I, Impacto Venezuela, NTA, QPEV, Sol de Margarita y Atarraya. También familiares evitaron declarar por temor a represalias.
El 23 de febrero, tres estaciones de radio fueron cerradas en Ciudad Ojeda, Estado Zulia: Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM. Una comisión de #Conatel que visita el Estado, les ordenó apagar los transmisores luego de una "revisión administrativa técnica".
El 27 de febrero fue cerrada la emisora Ecos del Páramo 100.3 FM, en la población de Tuñame, en el Estado Trujillo. La Fuerza Armada Policial del Estado y personal de la Gobernación se presentaron en la sede de la radio y hurtaron transmisores, computadoras y micrófonos.
El 4 de marzo, la Televisora Regional, en Portuguesa, sacó del aire el programa informativo y de opinión Primera Plana, después de 48 años. El periodista indicó que le informaron que no podrían seguir transmitiendo el programa debido a que "la situación está delicada".
Salió de la parrilla de Simple TV la señal de la televisora del medio de comunicación DW Español. Dejó de estar en el canal 770 luego de que el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, lo acusara de "propagar el odio".
También Nicolás Maduro descalificó el 4 de febrero al canal alemán, señalándolo de tener una campaña en contra del país. Lo calificó de "nazi" y se quejó de su línea editorial, junto a la de otros medios internacionales.
DW Español publicó una nota sobre Venezuela en la que, citando fuentes, nombra al país como el segundo más corrupto de mundo.
Es la segunda vez que la señal de este medio es sacada de las cableras por instrucciones del gobierno. En abril de 2019 estuvo fuera del aire como retaliación por su cobertura sobre la crisis social, política y económica.
Desde 2010, al menos 14 canales internacionales fueron sacados de los proveedores de televisión por suscripción.
El portal VE sin Filtro ha documentado el bloqueo de al menos 48 medios de comunicación y 78 dominios de noticias en el país.
El 6 de marzo se confirmó el bloqueo al sitio web de Impacto Venezuela en internet por CANTV, Movistar, Digitel, NetUno e Inter.
En marzo, dos medios de comunicación digitales fueron bloqueados por las principales operadoras de internet en Venezuela.
La CONATEL y la Guardia Nacional procedieron al cierre de la emisora Bendición Estéreo 93.9 FM, ubicada en Upata, Bolívar, y decomisaron los equipos.
