El régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó con sus graves agresiones a la libertad de prensa durante este período, mediante una práctica sistemática que se inició tras las restricciones a las protestas de 2018, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, exilio forzado de periodistas y una censura institucionalizada.
Organizaciones como la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) han documentado estos ataques contra la prensa independiente. Los informes revelan que el gobierno busca silenciar cualquier voz crítica mediante diversas estrategias que violan derechos humanos fundamentales.
En el último trimestre, a través de la censura digital, el gobierno ha bloqueado sitios web de medios que operan en el exilio y que cuentan con el dominio .ni, administrado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
En este período, la FLED documentó 13 casos graves de violaciones contra la prensa independiente. La mayoría de estos casos incluyeron detenciones arbitrarias y destierros violentos. El discurso estigmatizante de los funcionarios públicos fue utilizado para desacreditar a periodistas críticos.
Entre esos casos, se incluye la detención arbitraria del periodista Elsbeth D'Anda, arrestado el 27 de octubre después de cuestionar incrementos en los precios de productos básicos. También se registró la detención violenta en noviembre del periodista retirado Leo Catalino Cárcamo y el destierro forzado del periodista Henry Briceño junto con su familia, cerca de la frontera con Costa Rica.
Entre enero de 2024 y febrero de 2025, el Observatorio del PCIN reportó 78 agresiones adicionales. Estos incidentes incluyen amenazas constantes, intimidaciones directas, ataques cibernéticos dirigidos y abuso del poder de la Policía Nacional en coordinación con grupos paramilitares y simpatizantes del gobierno.
Uno de los casos más graves es la desaparición forzada de la periodista Fabiola Tercero, ocurrida en julio de 2024. Hasta la fecha, no se obtuvieron respuestas oficiales ni claras del gobierno sobre su situación.
Hasta marzo de 2025, el gobierno mantiene bajo arresto a cuatro periodistas, dos de ellos adultos mayores.
Los arrestados son: Fabiola Tercero Castro, detenida el 12 de julio de 2024. Se desconoce su paradero. En 2017, Tercero había fundado El Rincón de Fabi, un proyecto para fomentar la lectura y la cultura entre jóvenes.
Elsbeth D´Anda fue detenido el 27 de octubre de 2024 por permitir en su programa de televisión una llamada en la que un ciudadano se quejaba del alto costo de la canasta básica. Según denunció el abogado José Antonio López, al menos 20 agentes policiales llegaron a su casa para detenerlo.
Leo Catalino Cárcamo fue capturado el 22 de noviembre de 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ampliar las medidas provisionales en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua, por considerar que su vida está en riesgo.
Irving Guerrero fue detenido el 9 de febrero de 2025 en la ciudad de León. La Policía lo acusó de supuesta tenencia ilegal de armas, pero la organización Alertas Libertad de Prensa Nicaragua denunció que su arresto fue una represalia por su labor periodística.
La cifra acumulada de periodistas –sin incluir a otros trabajadores de medios– obligados al exilio desde el estallido de la crisis sociopolítica ascendió a 289 personas hasta diciembre de 2024, según estadísticas de FLED, mientras que PCIN documentó 283 hasta febrero de 2025. El grupo más afectado continúa siendo el de periodistas y reporteros, que representan el 61,6 por ciento del total.
Solo en 2024, la FLED documentó que 46 periodistas fueron forzados al exilio debido a amenazas, hostigamiento y persecución directa. Además, 77 periodistas abandonaron la profesión debido a la precariedad laboral y económica.
Este fenómeno del exilio forzado, combinado con destierros violentos y expulsiones arbitrarias, ha afectado no solo a los periodistas, sino también a sus familias.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, 28 periodistas dejaron la profesión, según la FLED. Esta inseguridad económica genera autocensura. Muchos periodistas ya jubilados deciden no denunciar agresiones por temor a represalias mayores en contra de ellos o sus familiares.
El país se está convirtiendo en un gran “desierto de noticias”. Según la FLED, al finalizar 2024 un total de 10 departamentos se encuentran sin cobertura periodística independiente. Estos departamentos son los de Carazo, Chontales, Jinotega, Madriz, Nueva Segovia, Granada, Río San Juan, León y las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur. En estos territorios, los medios oficiales monopolizan y controlan el espacio informativo.
La agresión gubernamental más reciente fue el bloqueo de los dominios .ni de al menos cuatro medios de comunicación. El 14 de marzo, La Prensa denunció que el régimen bloqueó su dominio y el de 100% Noticias, Confidencial y Onda Local. Los dominios .ni son administrados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), instancia que está bajo el control del régimen.
