Bogotá, 25 de octubre de 2026
Bogotá, 25 de octubre de 2026
La violencia contra periodistas volvió a sacudir a la libertad de prensa en las Américas durante el último semestre y, según los informes presentados, dos periodistas fueron asesinados en Colombia, tres en México, dos en Guatemala, uno en Perú y uno en Haití. En este último país desde el 12 de septiembre continúa desaparecido el periodista Wesly Renaud Jean.
Junto a la violencia física contra los periodistas, desde el poder ha surgido un discurso hostil contra el periodismo. En Argentina persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la «desinformación masiva» y la «manipulación de la opinión pública».
Adicionalmente, 12 periodistas y trabajadores de la comunicación fallecieron trágicamente en Venezuela a causa de los terremotos en junio, mientras que en agosto otros periodistas y trabajadores de prensa resultaron afectados por movimientos telúricos en Colombia, así como en Panamá en octubre.
En Colombia continuaron las estigmatizaciones desde sectores políticos mientras que en Costa Rica, continúan los cuestionamientos a medios independientes y restricciones a la información pública.
En Estados Unidos, la exclusión de medios de coberturas oficiales, las restricciones en el Pentágono y las presiones sobre fuentes confidenciales suscitaron preocupación.
El acoso judicial y regulatorio se consolida como otro mecanismo de presión. En Brasil se registraron decisiones que afectaron el secreto de las fuentes y ordenaron retirar publicaciones. En cuatro semanas se contabilizaron 7.030 ataques digitales contra periodistas, especialmente mujeres. En Panamá persistieron las demandas por calumnia e injuria con reclamos millonarios. En Perú inquietan las querellas, las restricciones y el llamado derecho al olvido. Hubo también presiones en Paraguay y restricciones informativas en Canadá y Puerto Rico.
En los escenarios más represivos, las consecuencias son aún más profundas. Cuba intensificó las detenciones y los procesos penales contra periodistas independientes, entre ellos Henry Constantín, vicepresidente regional de la SIP para Cuba, injustamente encarcelado desde el 16 de septiembre pasado.
En Nicaragua, más de 300 periodistas y trabajadores de medios se han exiliado desde 2018; once departamentos son considerados zonas de silencio informativo y ya no circulan periódicos impresos. En El Salvador se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa entre enero y mediados de julio y al menos 40 periodistas debieron exiliarse. En Venezuela, pese a liberaciones y a un levantamiento parcial de bloqueos, persisten la censura digital y las estructuras de control sobre la información.
La precariedad económica también amenaza el derecho de las comunidades a estar informadas. En Bolivia, el diario Opinión suspendió su edición impresa después de 41 años y Correo del Sur enfrenta procesos que comprometen su continuidad. En Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de circular en formato impreso. Se repiten la pérdida de empleos y las presiones mediante la publicidad oficial.
La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos y oportunidades para el periodismo y preocupa la falta de un sistema de compensación adecuado por el uso de los contenidos.
En este panorama adverso también hubo algunos avances. En Colombia, la Fiscalía priorizó la investigación de delitos contra periodistas y una decisión de la Corte Constitucional protegió a mujeres periodistas frente a expresiones estigmatizantes. En Chile se condenó la interceptación ilegal de las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel. En República Dominicana, el Tribunal Constitucional protegió la permanencia de información de interés público en archivos digitales.
Estas son señales que recuerdan que la defensa de la libertad de prensa exige instituciones activas, garantías efectivas y una sociedad comprometida con el derecho ciudadano a estar informado.
