25 de octubre de 2026
25 de octubre de 2026
Libertad de prensa en las Américas
La libertad de prensa en nuestra América atraviesa un periodo de grave deterioro institucional. El análisis correspondiente a abril-octubre de 2026 identifica una tendencia preocupante: la violencia contra periodistas convive cada vez más con mecanismos de censura política, judicial, económica y digital.
No estamos frente a amenazas aisladas. Estamos ante un entorno en el que investigar al poder puede significar enfrentar una demanda millonaria, ser objeto de campañas de desprestigio, perder el empleo, sufrir una detención arbitraria o, en los casos más graves, perder la vida.
El acoso político y judicial se ha convertido en una herramienta para intimidar, castigar y silenciar al periodismo.
Los ataques desde el poder no son simples descalificaciones. Cuando una autoridad estigmatiza públicamente a un periodista, busca debilitar su credibilidad y enviar un mensaje de advertencia a quienes se atreven a cuestionarla. En Argentina, por ejemplo, el informe documenta la intensificación de los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios. En otros países, las iniciativas legislativas que pretenden castigar la supuesta desinformación o penalizar la publicación de información de interés público amenazan con ampliar la capacidad del Estado para perseguir a quienes investigan.
A esta presión se suma el uso abusivo de los tribunales. En Panamá, Corporación La Prensa enfrenta doce demandas que suman 12.5 millones de dólares, promovidas por figuras políticas. En Brasil, el informe registra 183 procesos judiciales contra la prensa en Alagoas. En Perú, periodistas enfrentan demandas millonarias impulsadas por actores empresariales y políticos.
Estas cifras revelan el potencial intimidatorio de los llamados litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP. Su objetivo o efecto puede ir más allá de ganar un juicio: obligar a los medios a gastar sus recursos en defenderse, desgastar a sus periodistas y disuadir futuras investigaciones.
Pero ninguna cifra refleja por completo el costo humano de la persecución.
En Nicaragua, por ejemplo, más de 300 periodistas trabajan desde el exilio. En El Salvador, más de 40 comunicadores se han visto forzados a abandonar el país. En Ecuador, el crimen organizado ha obligado a una docena de reporteros a salir.
Cada periodista que se marcha deja atrás su hogar, sus redes de apoyo y, muchas veces, la posibilidad de seguir cubriendo de cerca a su propia comunidad. El exilio no siempre termina con la amenaza: puede prolongar la precariedad económica, la incertidumbre migratoria y el impacto psicológico de la persecución. Además, cuando un periodista debe abandonar su territorio, la comunidad pierde una voz que documentaba abusos y exigía rendición de cuentas.
Un elemento más se sumó desde Estados Unidos para los colegas en el exilio. La persecución desmedida contra la comunidad migrante ha puesto en riesgo a colegas que han sido detenidos bajo amenaza de regresarlos a su país donde, sin duda, les espera la cárcel.
Estados Unidos merece una atención específica. En septiembre de 2026, el presidente Donald Trump excluyó a CNN, MS NOW y Politico del acceso a la Casa Blanca, una decisión ante la cual el grupo de televisión de la prensa acreditada suspendió conjuntamente su cobertura en protesta. También registra citaciones judiciales dirigidas a periodistas de The Washington Post y The New York Times, así como a un reportero independiente, para identificar fuentes confidenciales; una investigación de la FCC contra el programa The View y medidas que restringen la duración de las visas para periodistas extranjeros. Estos hechos deben examinarse con seriedad: cuando el acceso a las autoridades, la protección de las fuentes o la continuidad del trabajo periodístico se convierten en instrumentos de presión, se debilitan garantías esenciales de una democracia.
Al mismo tiempo, la violencia física sigue cobrando vidas. El informe documenta asesinatos de periodistas en México, Colombia, Guatemala, Perú y Haití, además de secuestros y agresiones en este último país. El nivel de impunidad en general sigue alarmantemente alto. Sin investigaciones eficaces e independientes, la violencia no solo queda sin castigo: también alimenta el miedo y la autocensura.
Es indispensable investigar los crímenes contra periodistas y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales; aprobar mecanismos eficaces contra las demandas abusivas; derogar normas que criminalizan la labor informativa; garantizar una asignación transparente y equitativa de la publicidad oficial; y proteger la confidencialidad de las fuentes. También es necesario que los gobernantes cesen la estigmatización y que los Estados aseguren condiciones reales para que los periodistas puedan trabajar sin represalias.
Defender la libertad de prensa significa proteger a quien investiga, a quien denuncia y a quien informa, incluso cuando sus revelaciones incomodan al poder. Significa también acompañar a quienes han tenido que huir y evitar que el desplazamiento de periodistas se transforme en el silenciamiento definitivo de comunidades enteras.
La libertad de prensa no se mide únicamente por la posibilidad de publicar. Se mide por la posibilidad de investigar sin represalias, cuestionar al poder sin temor y ejercer el periodismo sin tener que abandonar el hogar para salvar la vida.
Muchas gracias.
