Chile

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020
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Durante este período se han registrado atentados graves contra la libertad de prensa, en especial durante los hechos de violencia social que sacudieron al país.

El presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional desde que el 18 de octubre comenzó un conflicto social de magnitud, caracterizado por desórdenes públicos, violencia en las calles, incendios provocados en el transporte público y actos de vandalismo contra supermercados y otros comercios.

Varias radioemisoras, canales de televisión y diarios sufrieron agresiones de diversa intensidad y sus profesionales fueron objeto de hostigamiento y amenazas de muerte en las redes sociales. Algunos medios fueron atacados e incendiados, en especial diarios regionales, cuyas ubicaciones en el centro de las ciudades facilitó esas acciones: el 19 de octubre fue atacado El Mercurio de Valparaíso, el 26 de noviembre El Líder de San Antonio y el 13 de enero El Mercurio de Antofagasta.

La cobertura de parte de los medios de comunicación ha sido excesivamente difícil. Algunos medios han dispuesto medidas de seguridad para sus periodistas, como el no contar con elementos distintivos del medio en el cual trabajan, no utilizar cámaras o equipos que muestren que son periodistas de un medio y cubrir ciertos hechos a la distancia, captando imágenes a través de cámaras públicas.

Si bien los atentados que han sufrido algunos periodistas en las calles han sido provocados por manifestantes y no por agentes estatales, la policía no ha establecido un protocolo especial para su protección.

El 15 de noviembre diversos sectores políticos firmaron un "Acuerdo por la Paz", que se tradujo en un plebiscito para preguntar sobre una eventual reforma constitucional el 25 de octubre próximo para aprobar la redacción de una nueva constitución en reemplazo de la actual, vigente desde 1980. Si se aprueba el plebiscito, se convocará a un órgano constituyente que, entre otros temas, deberá debatir el estatuto de las libertades de expresión y de prensa.

Un nuevo golpe económico para los medios en general representó la Ley de Presupuestos 2019. Por tercer año consecutivo, establece cuotas del 40% de anuncios oficiales para los medios regionales que no son parte de conglomerados, contradiciendo criterios de eficiencia en materia de publicidad oficial.

Siguen en tramitación proyectos de ley que pueden afectar a la libertad de prensa: Una reforma de la Ley de Protección de Datos Personales incluiría a los medios como base de datos, lo que podría permitir que sean obligados a eliminar información dando pie al derecho al olvido.

Dos proyectos de ley prohíben publicidad de bebidas alcohólicas y medicamentos en los medios, violándose la libertad comercial. Otro establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero señala que la autoridad dictará la forma en que los medios deberán cumplir con la promoción de este derecho.

Otro proyecto que avanza este año sanciona las expresiones de odio, incluyendo actos de negacionismo o que justifiquen las violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990 y las que exalten la figura del régimen militar chileno de aquellos años. En tales figuras se contemplan sanciones hacia los autores, con penas privativas de libertad, como a los medios que las publiquen, lo que puede llegar hasta la extinción de la empresa periodística que lo edita o su responsabilidad penal.

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