El cambio de gobierno, el 14 de enero, fue un evento irregular, con atraso en la toma de posesión por más de 12 horas. Varias delegaciones internacionales se retiraron del país sin participar en la ceremonia de investidura.
El gobierno de Alejandro Giammattei no cambió ni siquiera en su final la manera de relacionarse con la prensa. Continuaron las desinformaciones, ataques a periodistas y limitaciones de acceso a la información para medios independientes.
El nuevo presidente Bernardo Arévalo ha dado señales de mayor apertura hacia la prensa. El 26 de enero, una delegación de la SIP integrada por Roberto Rock, José Roberto Dutriz, Gabriela Vivanco, Carlos Martínez de la Serna (del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ), Mario Alejandro Sandoval y Carlos Lauría, se reunió con el presidente, a quien se le expresó la preocupación por los periodistas en el exilio, el juicio a José Rubén Zamora y el acoso judicial por parte del gobierno en contra de periodistas y voces críticas.
Arévalo indicó que tiene como política la apertura total a la prensa y garantizar el acceso a la información pública. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha dado señales de cumplimiento de este ofrecimiento de puertas abiertas y ha indicado que trabajará con todos los medios, tanto en temas informativos como publicitarios, contratando a cada medio según sus audiencias.
Reporteros que cubren fuentes del Poder Ejecutivo han reportado a sus medios que en la mayoría de las dependencias "regresó" el acceso a información y que pudieron hablar con las fuentes, aunque quedan resabios de algunas prácticas "para alejar a la prensa de los funcionarios".
Dependencias del Estado iniciaron contactos con medios para contratar espacios de publicidad, con límites que solo tienen que ver con los presupuestos.
Sobre José Rubén Zamora, Arévalo indicó que desde sus primeros días de gestión se le mejoraron las condiciones de reclusión y que espera un nuevo juicio con debido proceso. Todavía existe una orden de repetición del juicio en contra de Zamora por malos procedimientos y el juez Jimi Bremer suspendió la audiencia de inicio en varias oportunidades, en especial la del 20 de marzo, porque se introdujo una recusación en su contra, presentada por la Fundación contra el Terrorismo.
Gonzalo Marroquín, expresidente de la SIP, quien estuvo en el exilio pero que regresó al país, indicó el 20 de marzo que algunos de los periodistas que salieron del país estaban tratando de regresar. Esto se debe a que una sala de apelaciones mantuvo el fallo de la jueza Aurora Gutiérrez, que el 8 de enero determinó que los ocho periodistas de elPeriódico, denunciados por hacer publicaciones sobre el caso Zamora debían enfrentar un proceso en un Tribunal de Imprenta, como lo indica la Constitución, y no en una instancia penal, como buscaba el Ministerio Público.
En cuanto al acceso a la información en las provincias, no se han registrado restricciones, pero tampoco cambios hacia mayor apertura. La Municipalidad de Quetzaltenango ha restringido el ingreso de periodistas a sesiones de concejales de la oposición.
El 21 de diciembre fueron asesinados en distintos ataques armados los periodistas Gleymer Renan Villeda y César Augusto Leiva Pimentel, crímenes ocurridos en las localidades de Izabal y Jutiapa, respectivamente. No hay avances en las investigaciones de ambos casos y se desconoce si los crímenes estuvieron vinculados a la labor periodística.
Villeda era administrador en Facebook de la página de noticias Impacto Izabal, de Izabal. Leiva Pimentel era locutor y periodista de radio La Red y presidente de la Asociación de Locutores de Jutiapa, en Jutiapa.
