Impunidad - Perú

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CONSIDERANDO que el periodista Alberto Rivera Fernández, de Radio Oriental de Pucallpa fue asesinado en abril del 2004 como consecuencia de sus denuncias periodísticas que involucran a autoridades locales con el narcotráfico y actos de corrupción CONSIDERANDO que las recientes acciones promovidas durante las dos misiones conjuntas de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo de la Prensa Peruana fueron acogidas positivamente por las autoridades judiciales, policiales y del Ministerio Público CONSIDERANDO que en días pasados fue detenido uno de los autores materiales del crimen y el otro se entregó en la ciudad de Pucallpa a las autoridades de la región Ucayali CONSIDERANDO que los autores materiales del crimen han incriminado a dos autoridades en el asesinato del periodista Rivera siendo estos el Presidente de la Corte Civil de Ucayali, Solio Ramírez y el Alcalde Provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta CONSIDERANDO que dado que las autoridades referidas, implicadas en el crimen, están vinculadas directa o indirectamente al Poder Judicial de la región CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE reclamar al presidente de la Corte Suprema del Perú, doctor Walter Vásquez Vejarano, y a la Fiscal de la Nación, doctora Nelly Calderón, se otorguen las garantías necesarias para que el juicio por el asesinato del periodista Rivera se realice en forma imparcial, de manera que los autores intelectuales del mismo respondan ante la justicia por sus actos; situación que no está garantizada en las actuales circunstancias.

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