En este período se registraron señales inquietantes, generadas por funcionarios, personas públicas y algunos grupos de militantes que utilizan los tribunales para lograr amparos y así acallar a periodistas y medios de comunicación.
En los últimos meses hubo múltiples denuncias penales y civiles en contra de periodistas, de la prensa escrita y la televisión, en las que se exigieron indemnizaciones millonarias.
En marzo, una diseñadora de modas demandó al diario argentino La Nación y a su corresponsal, Nelson Fernández, también director del programa "Subrayado", de Canal 10, por la publicación de una noticia calificada de "totalmente falsa". La demanda por daños y perjuicios es por 85.000 dólares estadounidenses por dos notas del 16 y 17 de marzo de 2020 sobre la pandemia del Covid-19 y la responsabilidad de la diseñadora por haber asistido a una boda después de haber contraído la enfermedad en Europa. De aquella boda aparecieron los primeros contagiados, según trascendió en las redes sociales y los medios.
Una contadora exfuncionaria contratada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos demandó en la Justicia civil reparaciones millonarias en contra de sendos programas emitidos en 2020: "Polémica en el bar", de Canal 10; "Séptimo día", de Teledoce, y "Santo y Seña", de Canal 4, y en contra de Orlando Petinatti, conductor de "Malos pensamientos", de Azul FM. Los abogados de los canales argumentaron que las demandas no cumplieron con los límites de tiempo, ya que la ley de prensa establece un plazo de hasta 90 días para ese tipo de reclamo.
El Tribunal de Apelaciones de segundo turno en lo civil consideró que el plazo de 90 días rige únicamente para el derecho de respuesta y no así para los daños y perjuicios u otras acciones civiles o penales derivadas de la comunicación. La funcionaria también inició acciones legales contra "Esta boca es mía", de Teledoce, y "Todas las voces", de Canal 4, pero en esos casos los tribunales de apelación dieron la razón a los medios y al recurso de caducidad.
Una fiscal a cargo del caso de un exsenador imputado por explotación sexual de un adolescente denunció al periodista Ignacio Álvarez por extorsión. Álvarez, conductor del programa "Santo y Seña", de Canal 4, aseguró que demostraría que la fiscal tiene un trato incorrecto con las víctimas, al anticiparles información. Dijo que la fiscal le ordenó a una víctima que rompiera su celular para borrar comunicaciones que podrían perjudicarle.
En la ciudad de Tacuarembó, el juez José Ignacio Silvestri anuló la denuncia contra los periodistas Sebastián Ríos y Jorge del Pino, de la radio La Kandela, a quienes la fiscal Irene Penza pretendía condenar con prisión por difamación e injurias. Según la sentencia de nulidad, la fiscal actuó en "flagrante apartamiento" de lo que la ley dispone en materia procesal.
