La situación económica ya estaba en dificultades, pero el virus las agravó, relegando la búsqueda de soluciones para la subsistencia de los medios. El 1 de marzo asumió el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el 13 de marzo se registraron los primeros casos de Covid-19 y ello marcó la prioridad oficial.
El diario El Observador que se publica desde el 22 de octubre de 1991, cerró su edición diaria en papel. Apostó a su edición digital para la cobertura informativa y mantuvo su edición del sábado con un perfil "arrevistado".
Al problema financiero de los medios se suma el fenómeno de las noticias falsas.
El 23 de abril la periodista de Canal 12 Iliana da Silva, a la que se le atribuyó una motivación política, fue víctima de un "linchamiento" y amenazas a través de las redes por la cobertura de una entrega de alimentos en la plaza Libertad, donde había niños, mujeres y hombres.
El 17 de junio el periodista Gabriel Pereyra, de VTV, semanario Búsqueda y de radio Sarandí, fue amenazado de muerte a través de una llamada que partió del penal de Libertad. La policía logró identificar al recluso y a la mujer que compró el chip y lo ingresó al penal.
El 14 de agosto el presidente Lacalle Pou revocó la asignación de tres canales de televisión que había sido realizada por el expresidente Tabaré Vázquez, 15 días antes de terminar su mandato. Trece empresas cableoperadoras habían señalado que las adjudicaciones estaban "viciadas de nulidad por incompetencia". El Instituto Nacional de Derechos Humanos había advertido que el concurso fue realizado por un órgano que no era el competente, además de objeciones de oportunidad, por haberse dado a pocos días de un cambio de gobierno.
