La libertad de prensa en Nicaragua ha ingresado en una fase crítica y el país se ha transformado en un auténtico desierto informativo, donde el periodismo independiente no solo es objeto de hostigamiento sistemático, sino que ha sido convertido, en los hechos, en una actividad perseguida y castigada por el Estado. Si el informe anterior había documentado el desmantelamiento físico, institucional y económico de la prensa crítica, este periodo revela la consolidación de una arquitectura represiva orientada ya no solamente a intimidar o debilitar al periodismo, sino a extinguirlo como actor cívico dentro del territorio nacional.
Este proceso, dirigido desde el poder por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, constituye una violación flagrante de los principios más elementales de la libertad de expresión consagrados en la Declaración de Chapultepec, que rechaza toda forma de coerción o interferencia del poder sobre el derecho a informar y opinar. Del mismo modo, vulnera de manera directa los postulados de la Declaración de Salta II, particularmente en lo relativo a la protección del ejercicio periodístico en los entornos digitales, hoy convertidos en uno de los principales escenarios de persecución y censura.
Aunque Nicaragua conserva formalmente una legislación sobre acceso a la información pública, en la práctica esa garantía ha sido vaciada de todo contenido. La opacidad estatal es total: las instituciones bloquean, ignoran o neutralizan cualquier intento de escrutinio ciudadano, consolidando un sistema en el que el acceso a la información depende exclusivamente de la voluntad política del régimen. A esto se suma la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos, vigente desde diciembre de 2020, que ha operado como un dispositivo legal de amedrentamiento y castigo. Bajo formulaciones deliberadamente ambiguas, esta norma permite imponer penas de hasta cinco años de prisión a quienes divulguen información que las autoridades consideren “falsa” o “reservada”, lo que abre la puerta a la criminalización arbitraria tanto de periodistas como de sus fuentes, en abierta contradicción con los estándares internacionales de protección del secreto profesional.
La censura, sin embargo, no se agota en el plano normativo ni en la represión policial. El régimen ha perfeccionado una política de asfixia económica destinada a sofocar cualquier vestigio de independencia editorial. La publicidad oficial, así como otros recursos públicos, se distribuyen de forma excluyente entre medios oficialistas, muchos de ellos vinculados directa o indirectamente a empresas controladas por la familia gobernante. De este modo, el Estado no solo restringe la circulación de información crítica, sino que moldea un ecosistema comunicacional subordinado a sus intereses políticos y propagandísticos.
En paralelo, el aparato judicial ha dejado de ser siquiera una fachada de legalidad para convertirse en un instrumento de disciplina y terror. Durante este período quedaron particularmente expuestos los casos de periodistas sometidos a detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada y medidas de control extrajudicial. Las situaciones de Elsbeth D’Anda y Leo Cárcamo resultan emblemáticas. Ambos fueron privados de libertad desde finales de 2024; D’Anda permaneció 13 meses en la Cárcel Modelo, y posteriormente fue excarcelada bajo un esquema de confinamiento de hecho, marcado por amenazas, vigilancia y restricciones incompatibles con cualquier noción de libertad. En ambos casos, el objetivo no parece limitarse al castigo individual, sino extender un mensaje ejemplificador hacia el conjunto del gremio: ejercer el periodismo independiente en Nicaragua implica exponerse a la cárcel, a la desaparición o al silenciamiento forzado.
La brutalidad de este patrón se expresa con especial crudeza en el caso de Fabiola Tercero. Después de más de un año en condición de desaparición forzada, fue mostrada en noviembre de 2025 por un canal oficialista dentro de su propio domicilio, en un montaje propagandístico concebido para negar la evidencia de su secuestro por parte del Estado. Lejos de disipar las denuncias, el episodio confirmó la utilización del aparato mediático oficial como extensión de la maquinaria represiva. A ello se suma una modalidad de asedio menos visible, pero igualmente devastadora: incluso periodistas retirados son sometidos a vigilancia permanente y obligados a presentarse diariamente en delegaciones policiales, en una práctica equivalente a una “ciudad por cárcel” no declarada, que prolonga indefinidamente la lógica del castigo y la humillación.
El resultado de esta política sostenida ha sido la erradicación casi total de la prensa crítica del espacio público nacional. Desde el inicio de la crisis en 2018, 309 periodistas se han visto forzados al exilio para proteger su libertad, su integridad y, en muchos casos, su vida. Solo en 2025, otros 26 comunicadores abandonaron el país. El destierro, junto con la prohibición de ingreso al territorio nacional para periodistas y creadores de contenido, se ha consolidado como una herramienta deliberada de control político. Nicaragua se vacía así de voces independientes y queda reducida, en el plano interno, a un paisaje informativo severamente mutilado, cuyo vacío apenas logra ser compensado por medios y reporteros que operan de manera remota desde el exilio.
Pero el exilio dista de ofrecer garantías plenas de seguridad. El asesinato del analista Roberto Samcam en Costa Rica, en junio de 2025, tuvo un efecto devastador sobre la comunidad periodística desplazada. El crimen profundizó el temor a una represión transnacional y agudizó la autocensura entre periodistas que, aun fuera del país, perciben que siguen estando bajo el radio de intimidación del régimen. La sensación de vulnerabilidad se ha extendido más allá de las fronteras, alimentando la percepción de que el aparato represivo ya no se conforma con expulsar a sus voces críticas, sino que busca perseguirlas allí donde intenten rehacer su vida y su trabajo.
Impedido de controlar físicamente a todos los periodistas en el exterior, el régimen ha desplazado buena parte de su ofensiva hacia el entorno digital. Durante 2025, el 74 % de las violaciones a la libertad de prensa correspondieron a agresiones en línea, confirmando que el ciberespacio se ha convertido en un nuevo frente de persecución estatal. Lejos de ser episodios aislados, estos ataques responden a una estrategia articulada de desgaste, estigmatización y descrédito. Granjas de troles, redes de propaganda y operadores mediáticos afines al oficialismo ejecutan campañas sistemáticas de hostigamiento contra directores, reporteros y medios en el exilio, con el propósito de erosionar su credibilidad, quebrar sus vínculos con la audiencia e imponer un clima de miedo permanente. En esa maquinaria participan voces oficialistas y propagandistas como Moisés Absalón Pastora, William Grigsby y Marcio Vargas, cuyas intervenciones públicas han contribuido a legitimar la difamación y el acoso contra periodistas como Jennifer Ortiz y Miguel Mendoza.
A esta ofensiva digital se añadió, además, un acto de censura previa de gran alcance: en marzo de 2025, el régimen ordenó el bloqueo de todos los portales informativos que operaban con el dominio nacional “.ni”. La medida confirmó la voluntad de suprimir no solo los contenidos críticos, sino también las infraestructuras mínimas que permiten su circulación.
En suma, Nicaragua se ha consolidado como uno de los escenarios más extremos de supresión de la libertad de prensa en el hemisferio. La convergencia de represión policial, arbitrariedad judicial, asfixia económica, destierro, vigilancia permanente y violencia digital configura un sistema integral de silenciamiento, orientado a eliminar toda forma de periodismo independiente y a sustituirla por un aparato comunicacional sometido al poder.
