Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
Los hechos registrados durante el período evidencian un deterioro del entorno para el ejercicio de la libertad de expresión, caracterizado por la combinación de conflictividad social, opacidad institucional, restricciones normativas y administrativas al acceso a la información pública, y un aumento de ataques, amenazas y presiones contra periodistas y medios de comunicación.
El país atravesó un complicado escenario en un contexto caracterizado por denuncias de corrupción, cuestionamientos a la independencia judicial y restricciones al acceso a la información pública.
En el plano institucional, se acentuaron las dudas sobre la transparencia institucional y la independencia de los poderes del Estado. La filtración, en diciembre, de una reunión entre el presidente Santiago Peña, el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generó alarma sobre posible injerencia política en el Poder Judicial. Ese mismo mes, la revelación del esquema conocido como la “mafia de los pagarés” —que implicó cobros indebidos mediante resoluciones judiciales irregulares y afectó a numerosos trabajadores con embargos salariales ejecutados principalmente a través del Banco Nacional de Fomento— expuso graves niveles de corrupción.
Durante el período se adoptaron medidas que restringen el acceso a la información pública. En noviembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, cuyo artículo 24 ha sido ampliamente cuestionado por limitar el acceso a información pública bajo el argumento de proteger datos personales, en aparente contradicción con la Constitución Nacional y la Ley N.º 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”.
Asimismo, se registró el uso sistemático de acciones de amparo para bloquear solicitudes de información: entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la presentación de 27 acciones de amparo para bloquear solicitudes de acceso a la información pública. Fueron concedidos 19 de estos amparos, ordenando al MEF no revelar datos, comprometiendo la ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental.
En el ámbito legislativo, también se observaron iniciativas orientadas a modificar estándares de transparencia, como el proyecto impulsado por el oficialismo en el Senado para reinstaurar el voto secreto en la elección de autoridades de la CSJ, así como la postergación reiterada de un proyecto de ley destinado a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, en un contexto de cuestionamientos por la exclusión de estos últimos del texto normativo.
En este escenario, se consolidó un clima de creciente hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Las expresiones del presidente Peña contra periodistas y medios críticos, así como diversas acciones de funcionarios públicos —incluyendo restricciones al acceso a fuentes, limitaciones para realizar preguntas en actos oficiales y descalificaciones públicas— motivaron pronunciamientos del Sindicato de Periodistas del Paraguay, que denunció un ambiente adverso para la libertad de prensa y el ejercicio del derecho a la información.
Asimismo, se identificaron patrones de presiones judiciales y administrativas contra actores vinculados a medios de comunicación críticos. El proceso iniciado contra el Banco Atlas, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos vinculados a contratos con el fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, fue señalado por la defensa como un caso de persecución selectiva, en tanto la entidad financiera mantiene vínculos con el grupo empresarial propietario del diario ABC Color.
En términos generales, el gobierno enfrentó un semestre particularmente complejo, marcado por movilizaciones masivas desde febrero, encabezadas principalmente por gremios docentes en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Ejecutivo. Las protestas también incluyeron reclamos contra las denominadas “jubilaciones VIP” de parlamentarios, generando una fuerte presión social y amplios despliegues policiales.
Este escenario tuvo antecedentes en las movilizaciones promovidas desde fines de septiembre por el grupo “Generación Z Paraguay” y continuó en octubre con protestas por presuntos hechos de corrupción en el Instituto Paraguayo del Indígena, que derivaron en la remoción de su titular.
En paralelo, persistieron los reclamos de trabajadores y asegurados del Instituto de Previsión Social, evidenciando una crisis estructural en el sistema de salud pública, con denuncias por falta de insumos, escasez de medicamentos y deterioro de equipos.
La percepción de una creciente brecha entre la “estabilidad macroeconómica” del discurso oficial y las condiciones reales de vida profundizó el descontento. Episodios como la paralización del transporte público en marzo y denuncias de irregularidades en la adjudicación de viviendas reforzaron los cuestionamientos a la gestión, junto con controversias públicas desestimadas por el presidente como un “invento”.
Otros hechos relevantes:
El 24 de octubre fue capturado un sospechoso de atacar con una bomba molotov la vivienda del periodista Aníbal Benítez Vera, director del diario digital PDS, junto con una bala envuelta en un papel que decía: “Cuídese”.
El 30 de octubre, fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, sospechoso de amenazar por redes sociales al periodista Carlos Benítez, conductor del programa El Observador, en radio Ñandutí. Su vivienda había sido atacada a balazos en septiembre.
El 27 de noviembre, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó el informe “Rompiendo el Silencio”, que documenta 22 asesinatos de periodistas cometidos ente 1989 y 2024, con altos niveles de impunidad en la mayoría de los casos. La mayoría de los periodistas asesinados investigaban temas relacionados con el narcotráfico, el contrabando y la corrupción, sobre todo en zonas de frontera.
El 22 de enero, se ordenó prisión preventiva de la abogada Zully Ortiz García y Evelin Paredes Frutos por presuntas amenazas contra el periodista Carlos Benítez, director de El Observador. Ortiz García es sospechosa de ser la instigadora de las amenazas contra el periodista a través de las redes sociales, con relación a las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.
El 12 de enero, en el marco del sexto aniversario del asesinato del periodista Léo Veras, organizaciones no gubernamentales denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de diligencia en la investigación del crimen.
El 13 de febrero, Amnistía Internacional presentó ante la CSJ una acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula organizaciones sin fines de lucro (Ley N° 7.363/2024), argumentando que restringe derechos fundamentales, sanciona desproporcionadamente y pone en riesgo a víctimas y defensores de derechos humanos.
El 2 de febrero, una jueza de Primera Instancia en lo Laboral ordenó a Televisión Cerro Corá (Canal 9) reintegrar a la periodista Angie Prieto a su trabajo, tras probar que su despido en octubre de 2022 fue injustificado. Prieto fue desvinculada de la empresa luego de expresar su apoyo a las denunciantes del periodista Carlos Granada, entonces gerente de prensa del Grupo Albavisión, condenado a 10 años de cárcel por acoso sexual y otros hechos punibles.
El 10 de febrero, la Entidad Binacional Yacyretá prohibió a sus funcionarios, a través de una circular, comunicarse con la prensa. La medida fue cuestionada como un mecanismo de censura institucionalizada destinado a encubrir irregularidades, despilfarro y falta de probidad en la gestión de la binacional.
El 4 de marzo, el periodista Juan Alcaraz, director del portal Salto del Guairá Noticias y corresponsal del canal GEN y de Universo 970AM, denunció que fue agredido por el intendente de Laurel (Departamento de Canindeyú), Pablo Karjallo Pérez.
El 27 de marzo, la jueza de Paz de Fernando de la Mora Natalia Molas rechazó un pedio de censura contra los periodistas Luis Bareiro, Santiago González y Arturo Villasanti que les prohibiría hablar de las funcionarias judiciales Silvia Sugasti y Gessica Caballero. Fueron expuestas en un video en “una sesión de spa” dentro de la oficina de Atención a Víctimas de Violencia del Palacio de Justicia de San Lorenzo. Las funcionarias denunciaron violencia telemática, según la Ley 5777, “de Protección Integral a la Mujer”, exigiendo que se prohibiera a los periodistas exhibir videos o comentar sobre lo ocurrido. La jueza entendió que en este caso prevalece la libertad de expresión, ya que al ser funcionarias públicas están sujetas a escrutinio ciudadano.
