CONSIDERANDO que la libertad de prensa en las Américas enfrentó este semestre un escenario preocupante, marcado por violencia, amenazas, hostigamiento digital, estigmatización desde el poder, restricciones al acceso a la información, presiones judiciales y legislativas, vulneración de las fuentes y crecientes dificultades para la sostenibilidad de los medios
CONSIDERANDO que la violencia continúa siendo una de las principales amenazas para periodistas, particularmente en países donde operan grupos criminales o armados y persiste la impunidad, mientras que en otros la presión sobre la prensa ha adquirido formas estructurales de censura, persecución y control del espacio informativo
CONSIDERANDO que las descalificaciones y campañas de estigmatización, incluidas las provenientes del poder político, así como el hostigamiento digital y la desinformación, buscan desacreditar e inhibir el trabajo periodístico y pueden generar autocensura y efectos inhibitorios sobre la cobertura crítica
CONSIDERANDO que las restricciones al acceso a la información pública, el uso de mecanismos judiciales y legislativos contra periodistas y medios, y las amenazas a la protección de las fuentes debilitan la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de la sociedad a estar informada
CONSIDERANDO que determinadas regulaciones y disposiciones legislativas pueden afectar el pluralismo informativo y utilizarse como instrumentos de censura o presión, mientras la asignación discrecional de publicidad estatal puede comprometer la independencia editorial y la sostenibilidad de los medios
CONSIDERANDO que, pese a estas amenazas, durante el período se registraron decisiones judiciales e institucionales favorables a la libertad de expresión en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana y México, así como una notable resiliencia del periodismo independiente en países como Bolivia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Venezuela
CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en su preámbulo que solo mediante la libre expresión, la circulación de ideas y la información sin barreras es posible mantener una sociedad libre y avanzar en la solución de los grandes problemas colectivos.
LA 82ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Condenar los asesinatos, desapariciones, amenazas, agresiones y demás actos de violencia contra periodistas y medios, y exigir investigaciones independientes y efectivas que identifiquen y sancionen a los responsables y combatan la impunidad
Exhortar a gobiernos y autoridades a abstenerse de estigmatizar, descalificar o intimidar a periodistas y medios, y a garantizar que sus investigaciones, críticas y denuncias no sean objeto de represalias
Reclamar garantías efectivas para el acceso oportuno a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, sin restricciones arbitrarias que obstaculicen la labor periodística
Rechazar el uso de mecanismos judiciales, administrativos o legislativos para criminalizar, intimidar o generar efectos inhibitorios sobre periodistas y medios, y defender de manera irrestricta la protección de las fuentes periodísticas
Alertar sobre regulaciones que, bajo argumentos legítimos como el combate a la desinformación o la regulación de contenidos, puedan convertirse en instrumentos de censura, afectar el pluralismo o limitar indebidamente la función fiscalizadora de la prensa
Instar a los Estados a garantizar una asignación transparente, objetiva y no discriminatoria de la publicidad oficial, evitando que los recursos públicos sean utilizados para condicionar la independencia editorial
Reconocer las decisiones judiciales e institucionales que durante el período protegieron la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y exhortar a los Estados a garantizar su efectiva aplicación
Reconocer la resiliencia de los periodistas y medios independientes que, pese a la violencia, persecución, exilio, censura, bloqueos y dificultades económicas, mantienen su labor informativa
Reafirmar el compromiso de la SIP con una prensa libre, independiente y plural, y con el principio de que ninguna autoridad, grupo criminal o actor político o económico puede silenciar a quienes ejercen el periodismo ni determinar qué información debe conocer la sociedad.
